Las declaraciones a un canal de televisión de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés Chadwick, desataron una fuerte controversia y han derivado en campañas de firmas de repudio, exigiendo su renuncia y convocatorias a movilizaciones. Valdés declaró que “un peso que se coloca en cultura, es porque se deja de colocar en otro programa, en otra necesidad de los ciudadanos, del país”, expresiones que han sido interpretadas como un menoscabo del valor y el rol de la cultura, y como una renuncia de la ministra a la defensa del presupuesto de su cartera.

Para Álvaro Ahumada, Presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, lo anterior es muy grave, pues la experiencia presupuestaria indica que los recortes realizados a instituciones no se recuperan en ejercicios posteriores, lo cual irá paulatinamente limitando de manera sustantiva, y en algunos casos no haciendo viable, el quehacer futuro de los sitios afectados por la merma. Más aún, las medidas en comento alejan aún más la posibilidad de que aquellos sitios que no cuentan hoy con financiamiento puedan obtenerlo en el futuro, lesionando severamente el derecho a la memoria que el Estado está obligado a garantizar, en virtud de los compromisos suscritos en el marco del sistema universal e interamericano de derechos humanos.

Por tales razones, agrega Ahumada, se hace muy necesario que en la próxima convención constitucional esté presente esta discusión y se pueda establecer el derecho de la memoria y el deber de recordar como preceptos fundamentales de la nueva Constitución lo cual facilitaría la adopción de un marco jurídico adecuado para la creación, preservación, funcionamiento y gestión de los Sitios de Memoria.

En tanto Claudia Zaldivar, directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es parte de una agrupación de catorce instituciones afectadas por el recorte presupuestario afirmó, en una entrevista a la Radio USACH, que nunca pensaron que se les pudiera reducir los fondos dado que son montos muy modestos y que se han mantenido en ese nivel durante mucho tiempo. Pero además sobrevino la pandemia y el sector se vio especialmente afectado por  el cierre de salas, suspensión de conciertos, de exposiciones y y de toda una gama de actividades con públicos. La situación del sector se precarizó al extremo, lo que reconoce el subsecretario de las Culturas y las Artes, Juan Carlos Silva, a pesar de lo cual sobrevino el recorte.

Zaldivar cuestiona también la disparidad de criterios con que se hicieron las reducciones. En el ministerio de las Culturas una subsecretaría recortó más a los que reciben más fondos, pero la subsecretaría del Patrimonio hizo lo inverso. Luego, el recorte afecta los presupuestos basales de las instituciones, generando efectos irreparables, especialmente a los sitios de memoria en torno a los cuales el Estado está obligado por tratados internacionales sobre promoción y defensa de los derechos humanos. 

La batalla de las instituciones en contra de los  recortes presupuestarios no ha terminado. En el congreso la propuesta del gobierno ha sido rechazada y las declaraciones de la ministra Valdés encresparon los ánimos activando campañas en su contra a través de las redes sociales, alertando a su subsecretario Silva, que salió a pedir más diálogo para enfrentar la crisis. En la memoria está muy presente la renuncia del antecesor de la ministra Valdés, el académico Mauricio Rojas, que salió del cargo por sus expresiones en contra del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, las que fueron calificadas por diferentes sectores como negacionistas. La ministra no ha llegado a ese extremo pero en las redes sociales ya circulan publicaciones bajo las etiquetas  #notenemosministra y  #culturasinConsuelo.