En el marco del estudio en general del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados recibió a la Red de Sitios de Memoria.

En la oportunidad, y en términos generales, la red hizo “un llamado a los diputados y las diputadas a rechazar la idea de legislar”, y se les propuso “realizar este proyecto de ley nuevamente, con un proceso participativo real”. En su argumentación se indicó que “se necesita una protección integral a los sitios de memoria y memoriales”, agregando que “la futura ley de monumentos debería conversar con una nueva ley de sitios de memoria y memoriales, con otras leyes e instituciones del Estado y con el derecho internacional”.

En su presentación la red argumentó que “se realizaron reformas en este proyecto de ley que afectan a los sitios de memoria y memoriales sin la participación de ningún sitio de memoria. Y sin considerar el derecho internacional de los derechos humanos”.

Se les hizo ver a los parlamentarios que “los sitios de memoria no son meros bienes de interés cultural. Están definidos y reconocidos en la legislación Nacional (Comisiones de Verdad y Reconciliación, comisión sobre Prisión Política y tortura) y la legislación internacional suscrita por el Estado chileno” .

Se señaló que en el proyecto se propone la creación de la categoría de Sitio de Memoria, la que reconoce situación actual de facto, pero “no hay congruencia con los deberes del Estado con este tipo de bienes: garantía de disponibilidad para justicia, acceso a la verdad, reparación a las víctimas”. Se añadió que “la mayor parte de los ex recintos de detención están bajo tuición de fuerzas armadas y del orden, frente a las cuales la actual ley ni el proyecto avanzan decididamente, sobre todo ante casos de destrucción y borramiento”.

Se les comentó también que “en la nueva institucionalidad, no hay participación de los sitios de memoria, ya que la composición del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural no incluye representantes de los sitios de memoria y memoriales”. Se indicó que dicho consejo tendrá excesiva representación del Poder Ejecutivo: diez de diecisiete consejeros son funcionarios público. Mientras siete serán de la sociedad civil, pero elegidos por el Presidente de la República, manifestando que “hay excesiva representación de los gobierno de turno, lo puede ser foco de clientelismo y corrupción”.