Sebastián Piñera, cuando era candidato presidencial, se reunió con personal en retiro de las Fuerzas Armadas y familiares de aquellos condenados por delitos de lesa humanidad. Por aquel entonces, en una señal de compromiso, les planteó a los ex uniformados que en su gobierno, velaría para que se respetara “la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos», y también cuidaría que la justicia se aplicara en forma oportuna y sin mantener procesos eternos que nunca terminan».
A pocos meses de que concluya su gobierno, Piñera tomó la decisión de cerrar el Penal Cordillera, donde se encontraban, Manuel Contreras, Marcelo Moren y Miguel Krassnoff, entre otros jefes y agentes de los servicios de seguridad de la dictadura. Ciertamente, Piñera tuvo en consideración los informes sobre las condiciones de reclusión, infraestructura y privilegios que gozan los condenados en estos recintos especiales para violadores de derechos humanos.
Pero, ¿Qué ha pasado en Chile para que un gobierno de derecha adopte esta medida?
De seguro las razones que pueden explicar la decisión pueden ser muchas y tan variadas como las reacciones, pero aventurando algunas se podrían mencionar lo que sigue:
En lo inmediato, Sebastián Piñera está interesado en ser candidato a la reelección en el 2017. El no lo niega y todo indica que considera que la derecha no tiene posibilidad alguna de ganar la próxima elección presidencial y por ello intenta acrecentar su propio capital político. Acostumbrado a evaluar los mercados, concluye que hay que ser pragmático, y que es más rentable arriesgar y valorar posturas individuales que apoyar de lleno y colectivamente a su alianza y la candidatura de Evelyn Matthei, que votó por la continuidad de Pinochet en el plebiscito.
También, es posible, que el actual gobernante concluya que para ser nuevamente candidato debe dejar atrás el lastre de la dictadura, en particular tras la conmemoración de los 40 años del golpe militar. De igual forma, no puede soslayar que es imprescindible mejorar el pobre respaldo que la ciudadanía le otorga a su gobierno. Habida consideración que la alianza que lo llevó al gobierno, vive una profunda crisis que amenaza con agravarse en los próximos meses ante eventuales descalabros electorales.
Pero seguramente la razón que mejor explica lo que ocurre en la derecha y en el país, es que el movimiento social, al abrirse paso demandando sus derechos, desarrolló su propio proceso de repolitización y con ello cuestionó certezas, valores, instituciones y normas que antes parecían “naturales”.
La sociedad chilena no es aquella, que entre la estupefacción o la indiferencia observó por la televisión la detención de Manuel Contreras. Por entonces, sólo los familiares de los detenidos desaparecidos, los ejecutados, ex presos de la dictadura y organismos defensores de derechos humanos salieron a la calle a gritarle asesino ante los tribunales de justicia.
Chile es distinto. Amplios sectores sociales cuestionan el modelo económico, las desigualdades y aspiran a una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Las amplias movilizaciones sociales de los últimos años expresan disposición y voluntad de exigir derechos postergados.
La movilización social, es portadora y garantía de cambios, presiona a las elites gobernantes, e inclina la balanza hacia una mayor justicia, con lo cual se constituye como un actor de la realidad, que hoy por hoy, ninguna alianza política, puede obviar.
Fuente: R. Dilemas
