Hijas e hijos de opositores a la dictadura, asesinados por la Central Nacional de Informaciones en la denominada «Operación Alfa Carbón», piden al Tribunal Constitucional rechazar recurso presentado por uno de los perpetradores. En misiva a la presidenta del tribunal piden rechazar recursos por una supuesta inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema que condenó al criminal Patricio Castro a 20 años de presidio por homicidio calificado y asociación ilícita. Los hijos e hijas de las víctimas de «Alfa Carbón» califican el recurso presentado por Castro como una maniobra dilatoria.

Santiago, 30 de octubre de 2023

Señora
Nancy Yáñez
Presidenta
Excmo. Tribunal Constitucional
Presente

Estimada señora presidenta:

El 23 y 24 de agosto de 1984 la CNI llevó a cabo la operación Alfa Carbón, destinada a desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el sur del país. Decenas de agentes del Estado se trasladaron desde el cuartel Borgoño de Santiago a Concepción, Los Ángeles y Valdivia para ejecutar un plan cuidadosamente diseñado. Según consta en los expedientes, el objetivo no era detener a los dirigentes, sino «eliminarlos». La noche del 22 de agosto, las fotos de Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte fueron marcadas con una cruz por los agentes reunidos en el cuartel Pedro de Valdivia.

La historia judicial de la causa comienza el mismo 23 de agosto, en las fiscalías militares de Concepción y Valdivia. Los procesos estaban caratulados en contra de nuestras madres —perseguidas, torturadas y encarceladas— y las demás personas que fueron apresadas durante la operación. Algunas estaban embarazadas, algunos de nosotros nacimos con daños irreparables. Otros fuimos secuestrados y varios crecimos lejos porque ellas estaban en el exilio o en prisión. En cuanto a los responsables de las «violencias innecesarias» que causaron la muerte de nuestros padres, no supimos nada hasta bien avanzados los 2000. La causa pasó a la justicia civil recién en 2007, tras casi veinte años de vida democrática.

El ministro en visita extraordinaria don Carlos Aldana acumuló las causas de Valdivia, Concepción y Los Ángeles en 2011, y en 2018 condenó a diecisiete agentes de la CNI por el homicidio calificado de siete personas. Solo tres agentes fueron condenados además por asociación ilícita. En 2022 la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la sentencia y la causa ingresó a la Excma. Corte Suprema. En 2023 se puso en tabla para ser vista en la Segunda Sala de ese tribunal. El 26 de octubre la Corte Suprema comenzó la audiencia para conocer los recursos de casación interpuestos por las defensas de los condenados.

Sin embargo, ese mismo día nos enteramos de que el agente Patricio Castro, condenado a veinte años de prisión por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional. De ser declarado admisible, daría lugar a una maniobra evidentemente dilatoria destinada a retardar aún más una sentencia definitiva que ya ha demorado casi cuarenta años. Un recurso de este tipo ya fue presentado por el mismo abogado ante este tribunal cuando la causa estaba pendiente ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción y no fue acogido a tramitación debido a que no cumplía con los requisitos formales.

Enfrentados a este escenario, nos dirigimos a usted para solicitarle que tenga a la vista los antecedentes recién expuestos al momento de evaluar la admisibilidad de este nuevo recurso evidentemente dilatorio que se ha presentado. Rogamos considerar la necesidad de la declaración de inadmisibilidad, a todas luces correcta en este caso, con el objeto de que el juicio criminal siga su curso. La suspensión de la segunda jornada de alegatos o la paralización de cualquiera de las etapas que siguen pone en riesgo el desarrollo de la causa y contribuye a la impunidad biológica de los responsables. Es precisamente lo que busca el recurso presentado. Vale destacar que en esta causa existen diez agentes condenados por el tribunal de instancia y por la Iltma. Corte de Apelaciones que se encuentran en libertad y tienen todos los incentivos para insistir en maniobras dilatorias con el objeto de evitar cumplir la pena justa que se les ha impuesto.

Nuestras abuelas ya murieron, nuestras madres envejecieron. Para nosotros, sus hijas y sus hijos, la búsqueda de justicia ha significado la vida entera. No tenemos más tiempo. No podemos heredarles esta lucha a nuestros hijos. Necesitamos poder decirles a ellos y a los hijos de todos nuestros compatriotas que quienes violan los derechos humanos en nuestro país, quienes actúan sobre seguro, con alevosía y usando los recursos del Estado, reciben un castigo acorde a lo que significa horadar los lazos más fundamentales de nuestra comunidad. Lo que solicitamos es simple y razonable: que la justicia ordinaria pueda culminar el extenso proceso que ha iniciado para encontrar la verdad material e imponer las condenas que corresponden a los culpables.

Saludan atentamente a usted,

Javiera Herrera Zalaquett hija de Nelson Herrera Riveros
Tamara Lagos Castro hija Mario Lagos Rodríguez
Germán Mujica Chacaltana hijo de Mario Mujica Barros
Luciano Aedo Flores hijo de Luciano Aedo Arias
Mariela Aedo Campos hija Luciano Aedo Arias
Patricia Aedo Campos hija de Luciano Aedo Arias
Nicolás Aedo Campos hijo de Luciano Aedo Arias
Javiera Boncompte Díaz hija de Juan José Boncompte Andreu
Jaime Boncompte Erices hijo de Juan José Boncompte Andreu
Olivia Tapia Hernández hija de Rogelio Tapia de la Puente
Isabel Tapia Hernández hija de Rogelio Tapia de la Puente