Lorena Fries
Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Es legítima la preocupación de las organizaciones de derechos humanos frente al anuncio del Presidente Piñera de crear una subsecretaria de derechos humanos dependiente del ministerio de Justicia. Más que por una subsecretaria, el mundo de derechos humanos ha promovido la creación del INDH y del Defensor del Pueblo. El primero centrado en la promoción y el segundo fundamentalmente dedicado a la defensa judicial de las personas que ven afectados sus derechos.
Y entonces, ¿a qué viene la creación de una subsecretaria y cómo afecta a lo que ya existe institucionalmente en esta materia? Convengamos en primer lugar que la finalidad de todo estado democrático es el bienestar o buen vivir de sus habitantes y que para lograrlo los distintos poderes del Estado deben promover, garantizar y respetar el conjunto de derechos reconocidos en la constitución chilena y en los tratados internacionales. Se debe organizar el aparato estatal entonces de manera de cumplir efectivamente con dicha obligación.
Esta subsecretaria resuelve los problemas de coordinación gubernamentales existentes, agilizando la respuesta del poder ejecutivo así como la calidad de la misma, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A partir de este ejercicio mínimo se abre además la posibilidad de abrir un diálogo que tenga como norte el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en estas materias.
En parte, la voluntad política de un Estado se refleja en la red o mapa institucional de derechos humanos que aloja, puesto que es a partir de ahí que se hace más o menos eficiente la tarea de promoción y defensa de derechos. La tarea incluye por cierto honrar los compromisos internacionales adquiridos en este ámbito los que se derivan de la dinámica función que cumple Chile en y ante la comunidad internacional de Estados, y que tienen un potente impacto en la construcción de la imagen internacional de nuestro país.
En el Congreso chileno por lo pronto, existe tanto en la Cámara como en el Senado comisiones de trabajo en este campo y varias se han creado para efectos de investigar situaciones que los vulneran. En el gobierno la fragmentación de la temática de derechos humanos es histórica. El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería, algunos departamentos al interior de ministerios sectoriales que se fortalecen o debilitan de acuerdo a variables que no son muy claras, dan cuenta de una mirada que atenta contra la integralidad misma de los derechos humanos, la que en su concreción mas organicista debiera llevar a una coordinación entre los poderes del Estado.
En los poderes judiciales y más específicamente en las altas Cortes, la tendencia de los países democráticos es a crear también allí una entidad de derechos humanos que por cierto tiene como función central la promoción interna en este ámbito y la coordinación de requerimientos a un poder del Estado que reporta también ante los órganos competentes internacionalmente.
La Subsecretaria de Derechos Humanos, que a diferencia del INDH, no es un organismo autónomo e independiente sino que forma parte de la estructura gubernamental, se inscribe dentro del esfuerzo que debe hacer Chile por fortalecer al Estado desde una perspectiva de derechos humanos. En lo inmediato, esta subsecretaria resuelve los problemas de coordinación gubernamentales existentes, agilizando la respuesta del poder ejecutivo así como la calidad de la misma, tanto a nivel interno como a nivel internacional. A partir de este ejercicio mínimo se abre además la posibilidad de abrir un diálogo que tenga como norte el diseño y fortalecimiento de políticas públicas en estas materias.
No obstante, para que dicha subsecretaría sea evaluada en su merito deberá dar ciertas certezas. La primera y fundamental es que esta subsecretaría no es para frenar y debilitar a los organismos y programas ya existentes; al revés, debiera constituirse en una suerte de garante de su continuidad y apoyo hacia el interior del gobierno; y debiera además promover una agenda de derechos humanos que complete la institucionalidad del área y que, al menos, contemple el Defensor de las Personas.
Fuente El Mostrador
19 de Junio de 2011
