Violenta al país que personas que han sido condenadas por violaciones a los derechos humanos se hayan visto beneficiadas por la media prescripción y que además accedan a beneficios alternativos. Llamó también a terminar con el secreto de los antecedentes de las comisiones sobre prisión política y tortura. Lea el texto íntegro del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sobre la coyuntura actual del país con respecto a las violaciones a los derechos humanos del pasado.
A propósito del testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán respecto del crimen que acabó con la vida de Rodrigo Rojas De Negri y que marcó para siempre la vida de Carmen Gloria Quintana, de las declaraciones del ex carabinero Samuel Vidal en relación con la masacre en Laja, y del fallecimiento de ex integrantes del Ejército condenados por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período 1973 y 1990, hechos que han conmocionado a la opinión pública, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que:
1. El INDH reconoce y valora los avances que desde el retorno a la democracia se han realizado en materia de verdad, justicia y reparación. Las comisiones de verdad, el avance en los juicios que condenan a quienes perpetraron las violaciones a los derechos humanos y las medidas de reparación tanto simbólicas como materiales son una prueba irrefutable de ello. No obstante, es efectivo también que arrastramos un conjunto de deudas en estas materias que obstaculizan aún la búsqueda de más verdad, más justicia y más reparación para quienes fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
2. Estamos conscientes que las decisiones políticas adoptadas en cada período histórico en materia de verdad, justicia y reparación han respondido tanto a las obligaciones que tiene el Estado como a los contextos históricos, sociales y políticos en los que se insertan. No obstante, dichos contextos cambian y demandan a los poderes del Estado nuevas iniciativas que den cuenta del compromiso permanente e irrenunciable con los derechos humanos, así como con las víctimas y con el país en su conjunto.
3. Como institución pública dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, hemos señalado consistentemente en nuestros informes anuales la necesidad de reformar la ley 19.992 que fija el secreto de los antecedentes de las comisiones de verdad sobre prisión política y tortura con el fin de que los mismos puedan ser conocidos por los tribunales de justicia, si así lo deciden las víctimas. Así mismo, hemos recomendado al Gobierno la ampliación de las facultades del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de manera de brindar asistencia legal a los sobrevivientes de la tortura, y hemos sugerido la necesidad de incorporar en el derecho interno un concepto de tortura coherente con la Convención contra la Tortura y otras Penas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, de la cual Chile es parte.
4. El año 2006 la Corte Interamericana falló contra Chile en el caso Almonacid instando a dejar sin efecto alguno el Decreto Ley de Amnistía 2191 de 1978. Así mismo, el Gobierno y el parlamento no pueden seguir dilatando la ratificación de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad. Suficiente tiempo ha pasado y creemos necesario honrar nuestros compromisos internacionales en derechos humanos.
5. Violenta al país que personas que han sido condenadas por violaciones a los derechos humanos se hayan visto beneficiadas por la media prescripción y que además accedan a beneficios alternativos. Si bien el INDH está consciente de que se trata de una medida legal, creemos que por la gravedad de los crímenes cometidos y de acuerdo a los estándares internacionales, se requiere de un trato diferenciado que permita el acceso a dichos beneficios sólo en aquellos casos en que los condenados den muestras de arrepentimiento público y de una cooperación permanente con la justicia.
6. El fortalecimiento de una cultura respetuosa de los derechos humanos es requisito para que nunca más en Chile vuelvan a cometerse actos tan atroces como la desaparición forzada, ejecuciones, exilio, tortura y prisión política. En este sentido es urgente que, además de la formación histórica sobre lo acontecido antes del 11 de septiembre de 1973, la memoria de lo sucedido después en materia de violaciones a los derechos humanos sea parte de nuestra educación formal, incluidas las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Solo así podremos garantizar que la patria que nos cobija es para todos y todas.
