Se refirió a la reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados con el general Humberto Oviedo, en el que éste descartó que exista un pacto de silencio. A su vez, calificó al ministro de Defensa José Antonio Gómez de “vocero” del alto militar, “más que el ministro político al servicio de todos los chilenos”.

Asimismo, rechazó “la subordinación implícita que hacen las autoridades civiles ante los uniformados”.

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Una dura declaración hizo pública Carmen Gloria Quintana luego de enterarse del tono y del contenido de una reunión de la Comisión de Defensa de la Cámara realizada el pasado martes 11.

En la declaración manifiesta su “pesar y estupor” al ver por televisión “la presentación ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, algo parecido a una‘misa», que efectuaron el comandante en jefe del Ejército, general Humberto Oviedo y el ministro de Defensa, José Antonio Gómez.

Asimismo señala que la “conducta de Oviedo nos enfrenta a la interrogante sobre el real compromiso que tiene el Comandante en Jefe con el poder civil, con las prácticas democráticas y el respeto de los derechos humanos”.

“La exposición del ministro de Gómez dio cuenta de lo que el Ministerio de Defensa le ha pedido al Ejército, cuyos mandos, según el ministro, han comprometido toda su colaboración. La ciudadanía sabe que ello no es cierto. El ministro mostró una imagen de vocero del general, más que el ministro político al servicio de todos los chilenos. Luego se dirigió a la concurrencia el general Oviedo, quien no mostró ninguna actitud de dolencia o empatía frente a la temática tan delicada que se trataba. No se vió intercambio de opiniones, consultas, ni diálogo alguno entre los presentes”, indicó.

“Resulta triste que a 25 años del retorno a la democracia ocurra algo así. Por decir lo menos, queda la impresión de que en los espacios democráticos existe miedo de enfrentar en un diálogo franco a las Fuerzas Amadas”, pues “vimos a los diputados escuchar los dichos de Oviedo como una verdad irrefutable”, agregó.

“Durante 17 años, centenares de militares fueron destinados mediante decretos a la DINA y a la CNI, pagándoseles con recursos del presupuesto del Ejército. Se usaron regimientos e instalaciones para entrenar y mantener a esos funcionarios, y para detener, torturar, asesinar y hacer desaparecer a supuestos adversarios de la Dictadura. Se olvidaron Oviedo, el ministro y los honorables parlamentarios que en mi caso se usó el Fuerte Arteaga para armar todo el fraude judicial que mantuvo en la impunidad por 29 años a nuestros torturadores”, sostuvo.

“Los honorables también olvidaron que Oviedo ejerció presión indebida el año 2014 ante la Corte Suprema, para que el alto tribunal desvinculara al ex ministro Alejandro Solís, cuando éste había sido recontratado en calidad de asesor para acelerar los juicios de derechos humanos. También olvidaron que el general Oviedo negó entregar los nombres de los, según él, de 36 ex CNI que se mantienen aún dentro del Ejército recontratados como empleados civiles, luego que ésta lista le fuera solicitada al Ejército conforme a la Ley de Transparencia”, recordó.

“Afirma Oviedo que no hay pacto de silencio, sino sólo el derecho de los militares delincuentes a guardar silencio como parte de su defensa…Tal explicación es inaceptable. Sorprende el simplismo de Oviedo y nos hace dudar de la idoneidad de los altos mandos, que en tiempos de dictadura evidenciaron un desprecio por la sociedad civil, desprecio que creemos se ha mantenido en democracia”, puntualizó.

“Respecto de la degradación de aquellos militares que tanto el ministro del ramo como el general plantearon sus reservas, debo decir que para nadie es un secreto que los oficiales que pasan a retiro mantienen su grado. Basta ver cómo sus subalternos se dirigen a ellos cuando hablan de ‘’mi general’’ o ‘’mi coronel’’, aunque el sujeto este en retiro. Precisamente la degradación consiste, entre otras cosas, en suprimir y sancionar el uso de dichos grados”, planteó.

“Hago presente y manifiesto mi desacuerdo a la subordinación implícita que hacen las autoridades civiles ante los uniformados. Esta relación debe ser precisamente al revés. En democracia son los representantes de la soberanía los que ‘’exigen’’ a los uniformados, y son las Fuerzas Armadas las que ‘’piden’’ al poder civil. Muchos recordarán la situación que enfrentó el presidente Aylwin, cuando un general no abrió la boca y no le ‘’pidió’’ permiso para iniciar un desfile. Ahí terminó la carrera del general”, rememoró.

“En varias y reiteradas ocasiones, la política institucional de encubrimiento y silencio de las Fuerzas Armadas ha quedado demostrada en los Tribunales de Justicia. Oviedo la niega. Padece de una amnesia que resulta preocupante”, señaló.

“A la democracia no se le puede temer. La civilidad demanda y exige una conducta y un actuar distinto de las instituciones civiles y militares. El descrédito transversal de las instituciones en nuestro país se alimenta de este tipo de reprochables actuaciones. En estas circunstancias y por el bien del país, Oviedo debe renunciar de inmediato si ama verdaderamente a su patria. La ausencia de valores éticos, de dignidad, de solidaridad, de justicia entre otros, es desgraciadamente evidente”, concluyó.

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