Fueron sentenciados el prófugo de la justicia Ricardo Lawrence y los reos Basclay Zapata y Fernando Lauriani. Se trata de crímenes contra la humanidad cometidos en José Domingo Cañas.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza condenó a tres agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de aplicación de torturas en contra de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, perpetradas en el centro de detención ilegal de José Domingo Cañas.
La figura legal en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo al Código Penal, es el de apremios ilegítimos. El ordenamiento jurídico internacional lo considera como un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible e inanmistiable.
En su resolución, el magistrado aplicó a los agentes Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana penas de 5 años y un día de presidio, sin beneficios, como autores de los ilícitos.
Martínez y Laks fueron detenidos en septiembre de 1974 y permanecieron 13 días en el centro de tortura y exterminio de José Domingo Cañas.
Fueron arrestados con su hijo de 7 meses y una amiga María Cristina López Stewart, estudiante universitaria de 21 años, detenida desaparecida hasta hoy.
Fueron privados de alimentación agua y sueño, golpeados en todas las partes del cuerpo y torturas con descargas eléctricas en La Parrilla, además de torturas psicológicas, como hacerlos escuchar las voces de sus hijos de una casette que robaron de su hogar y escuchar los flagelos de sus compañeros.
Las víctimas fueron secuestradas por Miguel Krassnoff Martchenko, Osvaldo Romo, Ricardo Lawrence y Basclay Zapata.
Ricardo Lawrence está prófugo desde febrero de este año y está condenado por la Corte Suprema por la desaparición de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido desde Londres 38, así como de numerosas condenas de primera instancia por desapariciones de personas.
Durante su paso por José Domingo Cañas a Rosalía Martínez y Julio Laks les tocó a presenciar las torturas de Lumi Videla, asesinada y luego lanzado su cadáver a la Embajada de Italia y a Sergio Pérez Molina, detenido desaparecido, a quien vieron encadenado y con una herida en la pierna.
También fueron testigos de la detención de Julieta Ramírez Gallegos, de 65 años, madre del actor y director del Teatro Aleph, Oscar Castro, radicado en Francia.
En sus declaraciones judiciales Martínez señaló que la tortura no era sólo para sacarles información sino más bien como una manera de considerarlos como personas que no merecían un trato digno.
En el aspecto civil, el juez Carroza condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización por concepto de daño moral, de 50 millones de pesos a cada una de las víctimas.
