La intervención del Tribunal Constitucional (TC) en el tema de la educación, no es la única actuación controvertida de este organismo en el último tiempo. Abogados y organizaciones de derechos humanos denuncian la maniobra ideada por los defensores de uniformados acusados de violaciones a los derechos humanos, que han recurrido al TC para lograr estancar estas causas y burlar a la justicia. Entre los comportamientos del tribunal, advertidos por los juristas, están la aceptación a trámite y paralización de causas sin fundamentos de peso e incluso suspensión de sentencias de la Corte Suprema.
Los abogados Francisco Ugas y Francisco Jara han hecho circular un minucioso informe sobre esta maniobra, que comenzó a utilizarse desde el 2015 coincidiendo con el cambio en la composición política del Tribunal. Desde ese año se han presentado más de treinta causas por inaplicabilidad de distintos preceptos legales e incluso pidiendo revisar la ‘constitucionalidad’ de los nombramientos de ministros en visita extraordinarios, encargados de agilizar las causas por violaciones a los derechos humanos. Esto ha implicado retrasos en algunas causas que exceden los quinientos días.
Lo que más llama la atención de los juristas en el comportamiento del TC es el uso reiterado de la suspensión de las causas, sin examinar el mérito en derecho o el peligro o perjuicios que conlleva la demora. Este mecanismo ha afectado a sentencias judiciales firmes de la Corte Suprema, como la dictada en el caso del asesinato del joven matrimonio compuesto por el estudiante austriaco Nenad Teodorovic Sertic y la asistente social Elizabeth Cabrera Balarriz, crimen cometido por soldados del Regimiento Antofagasta el 15 de septiembre de 1973.
Otra causa que se trató de paralizar recurriendo al TC es la que se refiere al caso conocido como ‘Los 5 del 87’, correspondiente a cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) secuestrados por miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI), y luego sus cuerpos fueron lanzados al mar frente a la localidad de Quintay. Por este crimen la Corte Suprema condenó a treinta y tres agentes del organismo represor.
Los abogados Jara y Ugaz hacen notar en su informe el llamativo comportamiento del actual presidente del tribunal, Iván Aróstica quien ha contribuido a la demora de al menos tres causas, omitiendo ponerlas en tabla. Otro mecanismo que aparece recurrente es la admisión a tramitación de acciones de inaplicabilidad de normas sobre las cuales el TC ya había emitido pronunciamientos de fondo.
Pero lo que se estima más preocupante son algunos considerandos de miembros del Tribunal que buscan habilitar a los jueces del crimen del viejo sistema para aplicar garantías del nuevo Código, que favorezcan a los procesados. Esta habilitación legal -afirman ministros disidentes del TC- “trastoca el objeto y los fines de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad… el TC no tiene dentro de la competencia otorgada por el artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República, el resolver cuestiones sobre la vigencia de la ley, lo que es dominio de los tribunales ordinarios de justicia”.
Ñuble
Una de las regiones más afectadas por las demoras provocadas por la recurrencia al TC es Ñuble. En este caso la defensa del reo de Punta Peuco, Patricio Jeldres, ha logrado paralizar en el tribunal cinco causas tramitadas por el ministro Carlos Aldana, relacionadas con la desaparición o ejecución de doce personas, motivando la protesta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Chillán (AFDD Chillán). Preocupados por el giro que ha tomado la intervención del TC los familiares se entrevistaron con su presidente, pero sin lograr resultado satisfactorio. Uno de ellos, Jorge Vera, expresó que “no tenemos muchas esperanzas de esta reunión, ya que aunque fuimos recibidos en forma deferente y el presidente del tribunal se comprometió a agilizar las causas, nos dijo que no podía hacer nada respecto a los plazos. Y además este mismo día dieron admisibilidad a otra causa de derechos humanos. Eso nos dio la razón a las organizaciones y familiares: El Tribunal Constitucional no tiene derecho alguno a paralizar nuestras causas”.
