El sábado recién pasado, ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Higinio Espergue y Erika Hennings, presidentes de Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Londres 38, Espacio de Memorias respectivamente, presentaron un recurso de apelación en contra de la resolución dictada el 5 de octubre recién pasado por el tribunal de alzada, que acogió el recurso de amparo que solicitaba la libertad condicional para Raúl Iturriaga Neumann.
Según el oficio presentando, “la demanda por verdad y justicia comenzó en el mismo año 1973 y ha continuado en forma ininterrumpida hasta hoy”. Sin embargo, existen deudas pendientes por parte del Estado de Chile que refiere concretamente al destino final de las y los detenidos desaparecidos, la incorporación del delito de Tortura y de Violencia Sexual Política en la legislación nacional entre otros. En ese sentido, no ha habido aporte alguno de los represores condenados por estas causas, al no reconocer los crímenes y ocultar información valiosa para esclarecer el paradero de las víctimas y las causas de desaparición y muerte.
En el caso particular de la inminente salida condicional de Iturriaga Neumann, ésta afecta directamente a ambos sitios de memoria, considerando que el ex militar, actualmente cumple condena por el secuestro y desaparición de víctimas que estuvieron en ambos recintos cuando estos operaban como cuarteles de la DINA. Cualquier señal de impunidad en este sentido, representa un retroceso para la construcción de una sociedad y un Estado que garanticen y promuevan el respeto y ejercicio de los derechos humanos.
El escrito de apelación señala que “luchar contra la impunidad del pasado es también contribuir a la justicia en el presente ya que aquella es el precedente de las formas actuales de impunidad. Esta demanda constituye un imperativo ético y político que no debe ser ignorado una vez más.”
PRONTUARIO Y SITUACIÓN JUDICIAL DE ITURRIAGA NEUMANN
Raúl Iturriaga Neumann, presenta un amplio prontuario para la justicia. Estuvo a cargo de la Brigada Purén, cuyo asiento principal funcionaba en el ex Cuartel Terranova, hoy Villa Grimaldi. Ha sido condenado por los delitos de asociación ilícita, homicidio calificado y secuestro calificado que en total suma condenas hasta el 2037.
Por otra parte, registra procesos pendientes en la Corte de Apelaciones de San Miguel por el delito de secuestro, asociación ilícita, secuestro calificado, homicidio e incluso, por sustracción de menores,
Por sentencia de 27 de junio de 2014, fue condenado por delitos reiterados de secuestro calificado de María Isabel Joui Petersen y Carlos Alberto Carrasco Matus en 1974, ambos detenidos desaparecidos que permanecieron recluidos en el recinto secreto de detención y tortura, Cuartel Terranova. A su vez, se encuentra cumpliendo condena por las desapariciones de Nilda Patricia y Mario Fernando Peña Solari, Marta Silvia Adela Neira Muñoz y César Arturo Emiliano Negrete Peña, todos desaparecidos desde el Cuartel Tacora en 1974; delitos por los que recibió una pena única de quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo.
A ello suma, quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo, como autor de los delitos de homicidio calificado de Carlos Prats González y Sofía Cuthbert Chiarleoni, ambos asesinados en Buenos Aires en 1974.
Según el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional, en su artículo 4°, señala que “tienen derecho a salir en libertad condicional todo individuo de más de un año de duración, que hayan cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, con excepción de los condenados por delitos de parricidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación o sodomía con resultado de muerte, infanticidio y elaboración o tráfico de estupefacientes, a quienes se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena”.
El argumento principal del escrito de apelación, es el incumplimiento de los requisitos que se establecen en el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional para recibir estos beneficios carcelarios que se contrapone a la situación judicial y condenatoria del ex uniformado:
- Raúl Iturriaga Neumann no ha cumplido con los dos tercios de su pena por dos delitos de homicidio calificado (Caso Prats), por lo cual fue condenado a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, pena que comenzó a cumplir recién el año 2010, con abonos insuficientes para dar por cumplido el requisito de los dos tercios de la condena.
- El ex uniformado se encuentra cumpliendo varias condenas y tiene múltiples causas pendientes, pero su defensa no ha solicitado la acumulación de penas.
- A ellos sumar, que es de público conocimiento que el condenado se dio a la fuga cuando le fue impuesta su primera condena y durante 5 meses debió ser buscado por la Policía de Investigaciones de Chile y se rebeló abiertamente a la acción de los Tribunales de Justicia.
- Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Supervisión del cumplimento de la sentencia “Barrios Altos”, señaló: “En atención a la regla de proporcionalidad, los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas graves violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Del mismo modo, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones de los derechos humanos, como las ocurridas en este caso”) Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 7 de septiembre del 2012, Caso Barrios Altos vs. Perú, Supervisión de cumplimiento de sentencia).
- En conclusión, de las diversas condenas impuestas al condenado Iturriaga Neumann, queda claro que su libertad condicional en las circunstancias que se le fue otorgada, constituye una forma más de mantener la impunidad en el país.
