Ante la arremetida de la derecha contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han sido diversas las voces que se han levantado advirtiendo del peligro no dimensionado que significa este constante cuestionamiento.
El INDH fue acusado por dirigentes de la derecha de “actuación negligente en la acreditación de víctimas, persecución arbitraria e instrumentalización política», por lo que recurrieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que evalúe la acreditación del instituto, a la vez que levantaron una solicitud para remover a la directora del organismo Consuelo Contreras y al consejero Francisco Ugás.
Por su relevancia, quisimos profundizar sobre la compleja situación que atraviesa el INDH conversando con dos representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Alonso Salinas -pdte de la entidad- y el miembro del directorio, Fernando Zegers.
Ante esta arremetida de la derecha, ¿sienten que se está perdiendo terreno en la defensa de los Derechos Humanos?
Alonso Salinas: Tenemos que recordar que, posterior al Estallido Social, se generó una escalada mediática que intentó acusar de carencia de competencias suficientes al INDH para denunciar las múltiples violaciones a los DDHH que hubo en esos meses, de manera que lo han acusado de que se sobre excede de dichas funciones -las que no dicen más que establecer el marco de protección de los DDHH- insinuando que el Instituto ‘tiene una agenda ideológica política detrás que termina quitándole criterio objetivo’. Esa es la línea que ha tenido a la derecha para intentar disminuir o afectar directamente a las organizaciones -tanto de la sociedad civil como aquellas que son parte de órganos del Estado- para buscar legitimar y justificar el uso de la violencia, la represión y el sadismo político como algo viable. Y todo ello nos lleva a una escala peligrosa, cuando se pone en tela de juicio y se vulnera la dignidad de las personas en su fundamento esencial, como lo son el derecho a la vida, el derecho al debido proceso y a la libertad personal; ahí nos encontramos ante una amenaza real que pone en peligro no solamente la instituciones democráticas, sino que la convivencia cívica de las personas…Esa es la gran amenaza que existe detrás”
Cuando adviene la democracia, de alguna manera se creyó que se iba a instaurar una cultura de los DDHH, en virtud de todo lo ocurrido durante la dictadura cívico militar, pero pareciera que hay una especie de “amnesia” que incluso valida cierto discurso de políticos que exigen medidas ‘radicales’. ¿Creen que faltó mayor educación en DDHH en lo que llevamos de democracia?
Fernando Zegers: Yo creo que hay una cierta cultura de DDHH y ha habido avances en materia de verdad, justicia y reparación; incluso, podemos decir que hay gente de derecha que dice adscribir y respetar los DDHH. Pero también hay un nivel de deuda muy importante en materia de verdad y en materia de justicia: son muchos los responsables de crímenes de lesa humanidad que todavía ni siquiera son juzgados o que están rebeldes sin poder ubicarlos y, en materia de reparación, hay un listado con muchas demandas insatisfechas. Además, resulta que el mismo Estado -que ha podido construir un cierto grado de verdad oficial a través de la Comisión Retigg o de las comisiones Valech- a la misma hora de reparar, retarda los procesos y se demoran infinitamente las causas; por tanto, uno ve que es un proceso que dista mucho de cumplir con los estándares de DDHH que nosotros sostenemos y defendernos”. Por otra parte, entendemos claramente que los temas de seguridad tienen que ser abordados políticamente y de manera seria por el gobierno cuando la ciudadanía manifiesta temor y exige más presencia policial e incluso, más represión, pero lo curioso es que aquellos que se presentan como los defensores del orden -como la derecha- en gran medida han sido promotores y responsables de este estado de cosas, porque es la mercantilización total de la vida lo que conduce a que el gran negocio del tráfico de drogas, el tráfico de armas o el tráfico de personas prosperen en nuestros países y en gran parte del mundo: es la mercantilización de todas las dimensiones de la vida producto del orden neoliberal”.
Y sobre la composición de los consejeros del INDH, ¿qué busca la derecha colocando ese punto en el debate?
Alonso Salinas: Bueno, yo creo que el dilema más grave, sí que se disminuyeran, sería que el INDH se transformaría en un tigre de papel nada más el INDH para poder paralizar o denunciar o proceder en la defensa de las personas. Mientras más se disminuye la participación de la sociedad civil y quede más delegada a la definiciones políticas del Congreso o del Presidente de la República, es una mayor amenaza a que sea un organismo indiferente a las personas común y corriente y sea un cómplice político de los conflictos. Por ejemplo, no hay que hacer deshonesto en esto digamos la verdad del Estado ha tenido, inclusive en democracia, el caso Huracán o del pueblo mapuche otros en donde se falsificaron pruebas y se acusó a gente inocente. Los conflictos a nivel nacional por la situación que es paradójica la promesa de la globalización y la apertura democracia liberal colapsó y la verdad que Chile y el mundo cada vez se ve más crisis sociales, huelgas y falta de conciencia cívica. Entonces va a ser normal que en los próximos años van a aumentar los niveles de riesgo de vulneración de DDHH por lo que necesitamos un organismo realmente preparado para entrar a defender a las personas sin intereses políticos. Ahora, lo más grave sería que dejara de existir.
Fernando Zegers: “El INDH siempre va a ser acosado por la derecha y no va a dejar de insistir en no solo mantener la estructura binominalizada del instituto, sino que busca reducir la participación de integrantes de la sociedad civil -que ya son minoría- de cuatro representantes a solo dos». A nuestro juicio, los representantes de la sociedad civil en el consejo de INDH no sólo debieran ser mayoría sino que tendrían que estar exclusivamente compuestos por esos miembros la sociedad civil, sin representantes del Estado o del Poder Legislativo, tal como lo planteamos respecto a la Defensoría del Pueblo y como quedó, por ejemplo, en la propuesta constitucional lamentablemente rechazada”.
Y en este momento, ¿cuál es el cuál es el camino que creen ustedes debiera tomar el INDH para salir fortalecido de este ataque o qué modificaciones se deberían hacer?
Alonso Salinas: Yo creo que ahí hay varios puntos distintos y uno que tiene que ver con la contrarreforma de carácter legal de la composición del INDH en el que efectivamente hay una contradicción y un conflicto de intereses por la forma en que se designan los integrantes; es necesario avanzar a una nomenclatura similar a los Defensores del Pueblo, al Ombusdman, modelo propio de la Europa del norte que hay que imitarlo porque asegura una independencia efectiva que fiscaliza el cumplimiento de los tratados sobre DDHH y que defiende a las personas cuando hay conflicto con la autoridad. Cuando tenemos un consejo designado políticamente, eso ya es un problema grave. Un segundo aspecto tiene que ver con las dinámicas propias de la organizaciones de la sociedad civil como también de las tareas pendientes de la fuerza interna dentro del Estado y el Estado mismo y su relación con las personas concretas. Tras las luchas de los años 80, hubo un apagón intencional valórico e ideológico, y el Estado se transformó en un tecnócrata carente de ideología y pasó a ser como una gran PYME donde muchos partidos políticos eran transformados en la práctica para ocupar cargos públicos y reproducir conductas de nepotismo y amiguismo. Y ahí tenemos un grave problema y es que las instituciones políticas públicas, la sociedad civil en su conjunto, las organizaciones gremiales, sindicales o vecinales, como también los partidos políticos e inclusive, organismos de DDHH, se han desvinculado de la sociedad; hay un abandono total a nivel barrial, poblacional y ciudadano de esta realidad. Entonces, la ciudadanía ¿de qué termina alimentándose? de las redes sociales, del Internet, de los realitys y de las peleas virtuales, y ya no hay un contacto continuo ni permanente con lo que toca respecto de la dignidad humana, su mismo fundamento y el alcance propio para la realización de la persona, y los fines de los DDHH son justamente buscar la promoción de la persona en su totalidad, pues hay derechos económicos, sociales y culturales que asegurar.
Por ello, debe haber un cambio en el funcionamiento de la estructura de la sociedad civil como también del Estado, de volver a ver a la persona y a la comunidad. Es volver a tener de nuevo vocación de bien común y eso es un problema enorme porque podemos decir muchas cosas nosotros, pero el problema es ya sustantivamente el mismo procedimiento del Estado. Ahí se enlaza con el desafío de un cambio cultural de revalidar la dignidad del otro, en el que no todo pasa en torno a mí mismo y termina y acaba conmigo mismo; esa lógica hiper subjetiva, consumista y elitista que tienen cada persona y que se convierte en parámetros del mundo, en regla y medida del mundo. Esto es una amenaza efectiva a los DDHH, porque los DDHH tienen un continuo esencialmente colectivo y ahí está el problema esencial de cómo implementar un cambio de carácter cultural. Y esa es la tarea de organizaciones como las nuestras en buscar fomentar la formación y capacitación de las personas y, sobre todo, ir a la lucha que algunos denominan, la batalla cultural. Hay que ‘ir a la pelea’ en los medios de comunicación a nivel barrial, porque si es que no nos quedamos atrapados las declaraciones de buena voluntad inclusive, aunque hagamos acciones judiciales de querella, ¿de qué sirve si se va a volver a repetir? Entonces, la garantía de no repetición también es un cambio de carácter cultural.
Fernando Zegers: Complementando este punto, a mí me preocupa extremadamente el renunciamiento a una lucha ideológica, política, social y cultural, porque el escenario es adverso; sabemos en qué consiste el orden neoliberal y ahí el Estado no existe y la solidaridad es una palabra que poco se menciona. El individuo es todo, lo que no impide que frente a crisis financiera lleguen llorando a golpear la puerta del Estado, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. Entonces, el orden está fundado en una regla que no es otra cosa que un enorme concentración del poder económico, la cooptación del poder político por el poder económico, la concentración de los medios de difusión y la manipulación universal de las conciencias, por lo que al final los gobiernos no son más que los gerentes y los políticos, los ejecutivos de las grandes corporaciones transnacionales; frente a ese escenario adverso, nosotros no jamás podemos renunciar, no podemos renunciar. Tras dos guerras mundiales y un largo etcétera en el camino, a través del sistema internacional de derechos humanos, de los principios de igualdad y del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, por primera vez en la historia humana, la forma jurídica empezó a adquirir una dimensión distinta, solidaria. Y nosotros no podemos darnos el lujo de perder esa batalla, porque si fallamos ahí, el desastre sería total.
