Con un conversatorio en el que se profundizó acerca del contexto en que se realizó el movimiento y la exhibición de dos momentos del documental “La Medida 29”, se recordaron los 49 años de la huelga de hambre que 80 presos políticos iniciaron en el campo de concentración de Melinka-Puchuncaví. 

Esta acción del 31 de julio de 1975 fue la reacción meditada y arriesgada tras la publicación de la lista de 100 hombres y 19 mujeres víctimas de la denominada Operación Colombo, que fue diseñada por la DINA para intentar hacer creer que quienes aparecían en esa nómina habían fallecido fuera del país, víctimas en su mayoría de “pugnas internas”. Sin embargo, muchos de quienes estaban presos en Puchuncaví habían pasado por los centros de tortura y exterminio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), como Londres 38 o el Cuartel Terranova, y habían visto y convivido con quienes se intentaba hacer creer habían fallecido fuera del país.

En la exposición, compartieron mesa y experiencias Magdalena Garcés, abogada de DDHH; Osvaldo Torres, sobreviviente de Villa Grimaldi y de Melinka y Miguel Montecinos, también sobreviviente de Melinka y Villa Grimaldi, siendo —además— miembro del directorio de la Corporación Parque por la Paz.

A los presentes se dirigió Alejandro Nuñez, presidente de la Corporación, quien destacó que esta fue “la histórica primera huelga de hambre de prisioneros políticos de casi un centenar de compañeros que protagonizaron una arriesgada acción de resistencia que logró sus objetivos, consiguiendo desmentir el montaje comunicacional en torno a los 119 y enfrentar la política de exterminio hacia la izquierda en resistencia“, agregando que “estos campos de concentración –al igual que las cárceles de la dictadura– pretendían ser campos de derrota, pero la huelga de hambre de julio del 75 demostró que eran campos de lucha por la verdad, la justicia y la reparación».

En el conversatorio se abordó el tema desde las implicancias regionales, como la Operación Cóndor que ya estaba en marcha y que implicaba a las autoridades civiles. militares y que la huelga permitió -entre otras cosas- hablar directamente de desaparecidos.

Uno de los panelistas, Osvaldo Torres, señaló que “que para nosotros meternos en una huelga de hambre en donde no se sabía que ocurriría no fue ni una locura, ni tampoco una acción meramente testimonial, es decir, se entendía que había un riesgo ya grande, pero había existido con la conmoción tras la noticia de los 119 compañeros un análisis político y una reacción moral ética que requería una respuesta”. Por ello, agrega, “si bien tenía riesgos, éticamente éramos los testigos directos de una matanza o de una posible matanza de compañeros que habían estado con nosotros en los centros de tortura y que eso había que denunciarlo de opinión pública nacional e internacional, la dictadura militar cómo hacer resistencia”, puntualizando que “gracias a esa solidaridad se pudo reconstituir un tejido social que se mantuvo hasta el fin de la dictadura, exigiendo una respuesta y no abandonar a quienes, habiendo sido nuestros compañeros, no sabíamos cual había sido su destino».

La huelga terminó el 8 de agosto, tras lograr la mediación del cardenal Raúl Silva Henriquez y constituye una acción de resistencia que movilizó no solo a los prisioneros, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Partido Socialista, sino también a familiares y activistas de derechos humanos, tanto en el interior del país como en el exterior y contribuyó a  romper el cerco mediático y contribuyó a socavar la credibilidad del régimen y la prensa corporativa, poniendo en evidencia su oscura relación con los aparatos de exterminio de la dictadura.

Durante la jornada se exhibieron imágenes del documental “La medida 29” del director Claudio Martínez, que muestra que tras la elección del gobierno de Salvador Allende, se implementan las primeras 40 medidas de un revolucionario mandato que auguraba profundas transformaciones sociales. Entre estas medidas, destacaba por su ambición la medida 29 con la que se crearon 16 balnearios populares a lo largo del país con el objetivo de asegurar el sueño de las vacaciones familiares para miles de trabajadores, lugares que tras el golpe de Estado muchos se transformaron en centros de detención de la dictadura.