Familiares de Ejecutados Políticos exigieron cumplimiento de compromisos adquiridos por el gobierno en materia de justicia, ocupando las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. También hicieron un llamado imperioso al los demás organismos de derechos humanos y entidades de la sociedad civil a respaldar sus demandas en tanto no solo favorecen a los familiares de víctimas, sino también a la democracia y al conjunto de la sociedad chilena.
Las dirigentas de la AFEP cerraron las puertas con cadenas y obligaron al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, a recibirlas para escuchar sus planteamientos, los cuales están resumidos en la declaración pública que se reproduce a continuación. En la reunión el personero manifestó que el Programa no se hará parte de los centenares de querellas por crímenes de lesa humanidad.
A la opinión Pública:
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, denuncia a la opinión pública nacional e internacional que, nos hemos visto nuevamente en la obligación de ocupar en forma pacífica las dependencias del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, debido al incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ministro del Interior con la directiva de esta agrupación.
Denunciamos al gobierno presidido por Sebastián Piñera que aplica respecto a los casos de violaciones a los Derechos Humanos, una estrategia que busca consolidar la impunidad imperante hasta ahora sobre ellas, desmejorando aún más la precaria situación alcanzada durante los 20 años de gobiernos de la Concertación, durante los cuales se lograron –principalmente gracias al esfuerzo de nuestras agrupaciones- los escasos avances que permitieron descubrir y condenar a un centenar de agentes del Estado autores de crímenes de lesa humanidad.
Esta política del gobierno ha dilatado por cinco meses la espera del cumplimiento por su parte, del compromiso adquirido durante una reunión que tuvimos con los señores Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter y Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en la que les dimos a conocer nuestras justas peticiones. En esa oportunidad el señor Ministro del Interior se comprometió a darnos una pronta respuesta a nuestros planteamientos y no ha cumplido, al no entregarnos hasta ahora ninguna respuesta sobre lo conversado.
Entre los puntos demandados se encuentran los siguientes: que el Ministerio del Interior se haga parte en las 746 querellas que nuestra agrupación ha presentado; reponer el proyecto de ley que interpreta el artículo 93 del Código Penal, donde se sancionan los crímenes de Lesa Humanidad, que tiene como objetivo impedir que los jueces sigan aplicando la media Prescripción, lo cual evita que los criminales condenados se vayan a sus casa sin la sanción que corresponde a sus graves delitos. Estas solicitudes de nuestra agrupación son una obligación del Estado y su incumplimiento es una violación a los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito.
Denunciamos el doble estándar del gobierno cuando afirma que los derechos humanos y la justicia son elementos centrales de su programa y, a su vez, no ha tenido la voluntad de escuchar a los familiares de las víctimas de la dictadura militar, mientras muestra el compromiso de su gobierno con la impunidad sobre los crímenes del Terrorismo de Estado perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet, escuchando a los victimarios y entregando beneficios carcelarios, como al ex director de la CNI, Odlanier Mena; a Carlos López Tapia, ex jefe del Centro de Tortura de Villa Grimaldi, también vinculado a la Caravana de la Muerte; a Víctor Pinto Pérez, condenado por el crimen del líder Sindical Tucapel Jiménez , y por el fusilamiento de 11 obreros ferroviarios de la Maestranza Central de Ferrocarriles, en San Bernardo. Estos criminales se encontraban cumpliendo condena en Punta Peuco y Penal Cordillera.
Esta actitud muestra claramente que Sebastián Piñera está cumpliendo el compromiso de consolidar la impunidad y colocar obstáculos a los tribunales para que no puedan juzgar a los militares que han violado los derechos humanos, asumido durante su campaña presidencial, con ex uniformados y las Fuerzas Armadas.
Denunciamos la política soterrada que el gobierno ha ejecutado en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, al despedir, meses atrás, a abogados buscando debilitar el trabajo jurídico e impedir con ello la presentación de querellas.
Esta es la misma política que se ha implementado en la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, al sacar y trasladar a funcionarios como el Comisario Sandro Gaete, con la experiencia y experticia que le da su larga trayectoria en la investigación de los crímenes cometidos por agentes del Estado.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos llama a las Organizaciones de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales y políticas, a la sociedad civil: a respaldar nuestras demandas que no son solamente de los familiares, pues tanto los crímenes contra la humanidad, como la impunidad respecto a ellos, afectan a toda la sociedad.
Santiago 4 de septiembre 2011
