El viejo portón del sitio de memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi permanece cerrado a perpetuidad, simbolizando el anhelo de que nunca más vuelvan a ocurrir las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este recinto. Pero bastó una revuelta popular masiva para que ese anhelo se viera confrontado con la peor oleada de violencia del Estado de los últimos tiempos, cuya magnitud aún no termina por conocerse.

D. O. I. D., soltero, 24 años, vecino de la comuna de Huechuraba, trabajador de la construcción, una hija de 7 años, relata que “estaba fuera de mi domicilio la madrugada del lunes, alrededor de las dos de la madrugada, estábamos conversando con un grupo de personas, cuando aparecieron por calle Recoleta un grupo de militares, quienes llegan inmediatamente disparando al grupo en que estábamos y nos hicieron tirarnos al suelo, y comenzaron a patearnos y pegarnos con las culatas de los fusiles, eran alrededor de 18 militares…”. Tras ser ingresados a una comisaría del sector, alrededor de las 7 de la mañana, “nos llaman y me dicen que debo firmar un documento, que no puedo hacerlo ya que tenía mi mano herida. Me preguntan si tenía alguna lesión y por el miedo le digo que no, ya que mientras me hacían firmar me golpeaba uno de los carabineros. No fui citado a ningún tribunal”.

El testimonio de D. O. I. D fue recogido por abogados voluntarios de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y da cuenta no solo de la violencia ejercida contra civiles, sino también de prácticas destinadas a dificultar la denuncia y el registro de estos hechos. Esto ha llevado a´organismos de la sociedad civil, entre ellas la Cruz Roja, a poner en cuestión las cifras de personas detenidas, torturadas o heridas durante estas semanas de protestas. CODEPU asegura haber detectado “subnotificación y subregistro de episodios de violencia represiva” debido a que un número indeterminado de heridos no concurren a centros asistenciales de salud por temor o  bien personas que tras ser detenidas por militares fueron objeto de golpizas y liberadas sin dejar registro. Pero el factor más preocupante para la entidad, es que en algunos centros asistenciales no registraron las atenciones a heridos graves y no informaron al ministerio Público de hechos que son constitutivos de delito”.

El subregistro de abusos y violencias también se derivó del comportamiento de las policías, que comenzaron a negar información y acceso a los detenidos a abogados y observadores no pertenecientes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Mientras los funcionarios de este organismo no daban abasto para cubrir comisarías y hospitales, profesionales de diversas organizaciones de la sociedad civil eran impedidos de desarrollar su labor, situación que se hacía más grave en ciudades de provincias donde la presencia del Instituto es reducida o inexistente. .

La guerra declarada por el presidente Sebastián Piñera en contra de la protesta social hasta la fecha se ha traducido, según las últimas cifras públicas del INDH, en una cantidad de ciudadanos arrestados que superan los 4 mil 300 detenidos, de los cuales 475 son niños, niñas y adolescentes.También se contabilizan 1574 heridos, 157 de los cuales con heridas oculares por disparos de balines y perdigones de la policía. Solo el INDH ha presentado 179 acciones judiciales, entre las cuales destacan 18 querellas por violencia sexual y 132 por tortura, las que podrían incrementarse con presentaciones patrocinadas por otras instituciones.

Las cifras de arrestados, torturados y heridos están en cuestión. También si la violencia ejercida contra la población responde a una política sistemática o bien a iniciativas antirreglamentarias  de las unidades. Para muchos los reiterados abusos y violencias son lógicas y conductas aprendidas de la dictadura, que no han podido ser erradicadas de las fuerzas armadas y de las policías. Desde este punto de vista la recurrida consigna del “nunca más” se ha demostrado candorosa, ya que no bastarían las promesas y compromisos del Estado, sino la acción unitaria del conjunto de la sociedad chilena para conocer la verdad, buscar el castigo a los responsables y la debida reparación a las víctimas.

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