La Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a 10 años de presidio mayor a Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Juan Hernán Morales Salgado y a Miguel Krassnoff Martchenko, en tanto que Enrique Erasmo Sandoval Arancibia recibió una condena de quinientos cuarenta días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de secuestro calificado, en grado consumado, cometido en contra del fotógrafo Hernán Santos Pérez Álvarez, ocurrido el día 19 de octubre de 1977.

Hernán Santos Pérez Álvarez, casado, dos hijos, militante del MIR y ex dirigente del Campamento Santiago Pino, había sido detenido anteriormente el 6 de mayo de 1974, por Carabineros de la comuna de Barrancas y procesado por la 1a. Fiscalía Militar; fue finalmente sobreseído, recuperando su libertad ese mismo año. En esa oportunidad, la detención tuvo relación con sus actividades como dirigente del Campamento Santiago Pino, antes de septiembre de 1973.

Posteriormente, fue detenido el 19 de octubre de 1977, tras salir de su domicilio, portando una máquina fotográfica y una radio, dirigiendose a cumplir labores de fotografía en el Jardín Infantil G-27, ubicado en calle Los Montes 1216, de la Población Teniente Merino. Quedó de volver a su casa a las 14:00 horas, pero nunca regresó. 

La Ministra en Visita logró determinar que tras ser detenido  Hernán fue llevado a Villa Grimaldi y desde este recinto, junto con Jenny Barra Rosales y José Miguel Tobar fueron trasladados  al cuartel de calle Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, lugar donde se habrìa asesinado a Jenny y a Hernán. Los restos de ambos fueron  inhumados de manera ilegal en una mina abandonada del sector de Cuesta Barriga, junto a los dirigentes del Partido Comunista  Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Berríos Cataldo y el militante del MIR Ángel Gabriel Guerrero Carrillo.

En 2001  las Fuerzas Armadas informaron de la inhumación ilegal de opositores en la mina abandonada, pero los investigadores no encontraron cuerpos sino pequeños fragmentos óseos que debieron ser sometidos a identificación por ADN. A comienzos de 1979 la dictadura impulsó la operación «retro de televisores“ y en este marco se extrajeron los cuerpos de la mina para luego lanzarlos al mar. Pero los represores no repararon en los fragmentos que años más tarde permitirían su identificación  y la entrega de estos a los familiares para que pudieran sepultarlos e intentaran cerrar el duelo.