El caso de una ciudadana chilena, secuestrada por una banda integrada por migrantes venezolanos y colombianos, motiva a los medios a destacar la condición de extranjeros de los secuestradores y lo inhabitual del delito de secuestro en Chile . “Antes esto no pasaba en Chile” es la frase que ronda en el ambiente .

Lo anterior denota desconocimiento u olvido de la historia reciente de este país, porque hace unas décadas atrás, en Chile se secuestraba, torturaba y se desaparecían personas de manera sistemática. Claro que los perpetradores de estos crímenes eran chilenos y miembros de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y se hacían llamar agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)

El pasado 14 junio se cumplieron 50 años de la promulgación por parte de la dictadura del  Decreto Ley Nº 521, que daba existencia  institucional y status de repartición pública a la DINA, organismo que venía operando de facto desde diciembre de 1973, intentando aniquilar  a las organizaciones de izquierda que trataban de  resistir al régimen cívico-militar. 

Organigrama de la DINA en el cuartel «Terranova»  situado en el interior de la Torre de Villa Grimaldi

En los cuatro años que duró en operaciones, la DINA  secuestró y torturó a miles de chilenos. Tan solo por Villa Grimaldi/Cuartel Terranova pasaron en calidad de prisioneras unas 4 mil 500 personas, entre las cuales no faltaron los adultos mayores, niñas y niños pequeños, mujeres embarazadas y madres secuestradas con sus hijos, entre otras brutalidades que se cometieron.

La DINA era un ente que prácticamente no tenía límites en su accionar y eso determinó su desaparición cuatro años después de su institucionalización. El 21 de septiembre de 1976 un equipo de exterminio asesinó a Orlando Letelier y a su secretaria Ronni Moffitt haciendo explotar una bomba bajo el automóvil en que se desplazaban por una calle de la capital de EEUU y a pocas cuadras del Capitolio. Los estadounidenses no toleraron esta agresión y  presionaron a Pinochet, de tal forma que debió disolver la DINA (la cambiaría por un organismo parecido con el eufemístico nombre de Central Nacional de Informaciones, CNI) y debió permitir que el ahora general Contreras fuera juzgado y condenado por tribunales civiles

Lamentablemente, la organización criminal -utilizando el secuestro y la tortura- provocó gran cantidad de bajas en el campo opositor, especialmente entre su dirigencia, y si bien el accionar terrorista de la DINA no logró exterminar a la izquierda, si la debilitó, contribuyendo a extender el tiempo en el poder de la dictadura.

EXTORSIÒN
El “tren” de Contreras no solo cometió crímenes de lesa humanidad, sino también delitos comunes como el robo de especies y la usurpación y compra bajo extorsión de un recinto de eventos sociales y gastronómicos, denominado “El paraíso de Villa Grimaldi” ubicado en en el sector rural de la comuna de Ñuñoa, actual Peñalolén. El recinto, rodeado completamente por una alta muralla de adobe y ladrillos, sin vecinos cercanos y situado en las cercanías del Aeródromo de Tobalaba y del Regimiento de Telecomunicaciones del Ejército, resultaba ideal para instalar un cuartel de la organización que luego sería conocida como Dirección de Inteligencia Nacional.

El propio Contreras gestionó la compra del lugar, amenazando a su propietario Emilio Vasallo Rojas, con tomar represalias con una de sus hijas vinculada a un partido de izquierda. El 26 de junio de 1974, Vasallo y Contreras firmaron  ante notario una promesa de compraventa en cuotas por la cantidad de 230 millones de escudos, monto muy por debajo de su valor y el cual tampoco se pagó por completo.