Con mucha emoción transcurrió el encuentro de siete ciudadanos estadounidenses con sus familias chilenas, de las cuales fueron separados siendo bebés y entregados en adopción irregular a familias extranjeras. 

Tras el golpe de Estado de 1973, investigaciones académicas y periodísticas estiman que entre ocho mil a veinte mil bebés chilenos fueron “exportados” a Europa, Estados Unidos y otros destinos hasta finales de los años 80.

La gran cantidad de bebés y la facilidad para darlos en adopción y  extraerlos del país se relaciona con la política de la dictadura de reducir la pobreza infantil por la vía de sacar del país a los niños en situación más vulnerable. A esto se sumó el incentivo de las gruesas sumas de dinero que se pagaban por los infantes y la necesidad de la dictadura de reconstruir las relaciones internacionales de un país sometido a boicots y cercos diplomáticos por el tema de  los derechos humanos. 

“Tu hijo falleció al nacer”

Susana Flores de 17 años era pareja de Ángel Gabriel Guerrero Carrillo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), secuestrado en mayo de 1976 por integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Susana estaba embarazada y todo marchaba sin problemas, pero a comienzos de septiembre de 1976 desconocidos le provocaron una caída desde un microbús, obligándola a concurrir con síntomas de pérdida al Hospital Barros Luco. En ese recinto decidieron adelantar el parto de una niña o niño que Susana está segura de haber escuchado su llanto, pero nunca apareció; cuando pidió verlo, le dijeron que había muerto  y no consiguió más explicaciones.

Lo ocurrido con Susana corresponde a uno de los modus operandi de las mafias de funcionarios y profesionales de la salud coludidos con organizaciones de adopción; elegían madres solteras, de pocos recursos, jóvenes y de preferencia de origen campesino para robarles los recién nacidos, asegurándoles que habían muerto.

Otro procedimiento consistía en convencer a madres pobres con familia numerosa que entregaran a sus bebés para que tuviesen una mejor vida con sus padres adoptivos extranjeros, y también hay casos donde simplemente  arrebataron a los bebés calificando a sus madres como “no aptas para criarlos”.

El Estado ausente

Los bebés robados son ciudadanos chilenos; nacieron aquí pero el Estado chileno no los protegió en su derecho a vivir en su patria, su derecho a la identidad y a tener una familia; por el contrario, en  décadas no ha mostrado mayor interés en saber el destino que tuvieron estos pequeños -hoy adultos- y tampoco ha apoyado la identificación y reencuentro con sus familias biológicas. Han sido los propios afectados los que han tomado la iniciativa e, incluso, han levantado ONGs dedicadas a la búsqueda como la que consiguió identificar a las familias de los siete chilenos-estadounidenses reencontrados en un emotivo abrazo en el mismo aeropuerto por donde se los llevaron con el beneplácito de la dictadura.