El 14 de junio de 1974, por Decreto Ley número 521 la dictadura creaba oficialmente la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), legalizando un aparato criminal que venía operando desde los primeros días luego del golpe,. Si bien nunca ha sido una efeméride destacada, su recuerdo se potencia a raíz de la huida y captura en Argentina del ex coronel Walter Klug y de la controversia en torno a la posibilidad de exigir al Ejército un estatuto de garantías democráticas.
Más allá de la polémica, el proceso constituyente en marcha puede ser la oportunidad de debatir mecanismos de control sobre las fuerzas armadas y en particular sobre el Ejército, la rama más comprometida en violaciones a los derechos humanos. La ciudadanía tiene el derecho a debatir sobre las lógicas que hicieron posible que los militares consideraran a un sector importante del pueblo chileno como un enemigo contra el cual era lícito llevar a cabo una guerra de exterminio y utilizar en ella desde golpes de puño a gas sarín y toxinas botulínicas.
Resulta legítimo que la ciudadanía se pregunte si ante una posible crisis política aparecerán nuevos Walter Klug para masacrar obreros o surgirá una nueva DINA con licencia para secuestrar, torturar y desaparecer. Los ciudadanos tenemos el derecho a demandar garantías de no repetición de los graves crímenes cometidos por agentes del Estado.
Así como también cabe exigir la no repetición de los indignantes obstáculos a la justicia con vistas a dejar impunes a los perpetradores. Mas de dos décadas después de la firma del decreto institucionalizando a la DINA, el 13 de junio de 1995, el otrora poderoso y temible Manuel Contreras intentaba eludir la cárcel refugiándose en el hospital naval de Talcahuano. Fue una acción muy poco decorosa para un general del Ejército, pero en su caso no funcionaron los mecanismos que dispuso la dictadura para proteger a sus agentes represores. Tampoco funcionaron para el fugitivo coronel Walter Klug que hace unos días terminó apresado en Buenos Aires.
Pero han sido muchos los casos en que el manto de impunidad si ha logrado proteger a los perpetradores y esto también cabría incorporarlo al listado de garantías exigibles. En un país con nuestra historia reciente no queda fuera de lugar pensar y exigir garantías de no repetición, para que nunca más se repita el terrorismo de Estado.
