El deceso del coronel ®  de la Fuerza Aérea Víctor Mattig Guzmán, condenado a 10 años de cárcel por su responsabilidad en diversos crímenes de lesa humanidad, pone de nuevo en el tapete la controversia en torno a los indultos presidenciales a violadores de derechos humanos. En julio de 2020 Mattig había sido indultado por el presidente Piñera y, según el abogado Raúl Meza, vinculado a la defensa de estos reos, podrían aparecer nuevos indultos este 2021 argumentando la  avanzada edad y enfermedad terminal de los reos y la repetida idea de que debieran vivir sus últimos días bajo arresto domiciliario.

Lo cierto es que el ex torturador de la Academia de Guerra Aérea (AGA) no murió en su hogar, sino en un recinto hospitalario como muchas personas en este país con enfermedades terminales. Asi ocurrió también con Manuel Contreras, fundador y unico director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y con Marcelo Morén, uno de los principales jerarcas del centro de secuestro, tortura y exterminio de Villa Grimaldi. No fue necesario un indulto presidencial para internarlos en el Hospital Militar donde finalmente fallecieron.

Nadie puede discutir que un reo moribundo  reciba los últimos cuidados en un hospìtal. Pero si resulta cuestionable el que un criminal de lesa humanidad sea indultado por el Presidente de la República. Para muchos esta acción resta gravedad a los delitos cometidos y debilita el establecimiento de condiciones mínimas para la no repetición de las atrocidades cometidas en la AGA y en otros recintos similares. Indultar en estos casos no es una señal humanitaria, sino una contribución a la impunidad.

Los vecinos del hospital

En 1973 Víctor Mattig ostentaba el grado de capitán de bandada e integraba la unidad de guerra sucia que utilizó la Academia de Guerra Aérea como cuartel secreto de torturas y asesinatos. Sus blancos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del Partido Comunista y personal de la Fuerza Aérea opuesto al derrocamiento del gobierno constitucional. Entre estos últimos el general de aviación Alberto Bachelet, quien falleció a raíz de las torturas que sufrió en este recinto.  

El edificio de la AGA era vecino del actual hospital de la Fuerza Aérea y existen antecedentes de prisioneros que fueron llevados a ese recinto, para evitar que muriesen y así continuar torturándolos. No se sabe el número exacto de personas que fueron secuestradas en el lugar, pero si se conoce, gracias al testimonio de sobrevivientes, la extrema brutalidad con que se trataba a las y los prisioneros y el hecho que se ocupara como sala de tortura un espacio al que denominaban “la capilla”, situado en uno de los pisos superiores.