El pasado jueves 19 de abril, el diputado Ignacio Urrutia (Unión Demócrata Independiente – UDI) sumó un nuevo acto de descrédito hacia las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura cívico-militar. Enalteciendo el retiro por parte del gobierno de Sebastián Piñera del proyecto de ley que planteaba otorgar una reparación económica a las víctimas, el parlamentario gremialista, en sesión oficial del Congreso, calificó a los sobrevivientes de prisión política y torturas como “terroristas con aguinaldo”. Anteriormente, el 11 de septiembre de 2012, Urrutia interrumpió el minuto de silencio de la Cámara de Diputados relativo a la memoria de las víctimas, aludiendo al ex presidente Salvador Allende como un “cobarde que se suicidó”, mientras que, a comienzos de 2017, realzó la figura de Augusto Pinochet y su régimen, rechazando el proyecto ley que buscaba condenar la negación de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.
Luego de su más reciente intervención, Urrutia recibió el respaldo del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien señaló que proyectos como estos dividen al país. Por su parte, los parlamentarios Pablo Prieto (Renovación Nacional) y Jorge Alessandri (UDI), objetaron las críticas que la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, manifestó en relación a las declaraciones de Urrutia.
Acciones de esta naturaleza, su escaza condena pública y la imposibilidad de aplicar castigos efectivos, despiertan interrogantes sobre la situación de la democracia en Chile, en particular, sobre la real certidumbre y validez de las políticas de no repetición del terrorismo de Estado. Cuestionar, matizar o invalidar las violaciones a los derechos humanos, así como ensalzar a los responsables de estos crímenes, constituyen, por una parte, actos atentatorios contra las certezas oficiales que el Estado ha construido a través de dos informes de verdad (Rettig y Valech). Por otro lado, representan también violaciones a disposiciones internacionales sobre justicia transicional en materia de reconocimiento de la verdad, promoción de la memoria y reparación simbólica para las víctimas.
Respecto de las negaciones de las violaciones a los derechos humanos, en legislaciones internacionales, afirmaciones como las del diputado Urrutia, hubieran sido no sólo rechazadas públicamente, sino que castigadas penalmente. Si bien, en diversas jurisdicciones se prohíben discursos de odio racial o étnico, en Europa destacan normativas que califican como delitos acciones de negación, matización o rechazo de los crímenes de lesa humanidad. Una de las experiencias de mayor reconocimiento es la de Alemania, en cuya legislación se encuentran penalizados los discursos y acciones que glorifiquen o justifiquen al gobierno nacionalsocialista, sus simbólicos y prácticas, a través del Artículo 130 del Código Penal Alemán, vigente desde 1995. Esta norma, que prevé la imposición de multas y penas de hasta cinco años de cárcel para quienes nieguen o banalicen el Holocausto, es el resultado de una serie de acciones judiciales tendientes a luchar contra la violencia racista. A partir de la aplicación de esta ley, han sido condenados alemanes y extranjeros, ya que la normativa es extensiva a ciudadanos no alemanes y a situaciones ocurridas fuera del territorio alemán. Un destacando caso es el del historiador británico David Irving, quien fue sentenciado en 2005 en Austria, a tres años de prisión efectiva tras haber matizado el funcionamiento del emblemático campo de concentración de Auschwitz.
En relación, por otro lado, a las políticas de memoria, la negación de los crímenes del régimen de Pinochet no es sólo una acción antónima respecto de la lucha contra la impunidad y el olvido, sino que, además, atenta contra las garantías de no repetición, específicamente, sobre el derecho a la reparación simbólica de las víctimas y familiares. Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han señalado la obligación no sólo de reparar materialmente a las víctimas, sino que también el deber de reponer o garantizar su buen nombre y su derecho a la verdad sobre los hechos ocurridos. De este modo, descalificar a las víctimas y/o negar las violaciones a los derechos humanos, representan acciones contrarias al proceso de verdad, justicia y reparación en su conjunto y no deben ser aceptadas bajo la “libertad de expresión”.
En definitiva, las declaraciones del diputado Urrutia y otros actores políticos en materia de negación, constituyen lo que el sociólogo Manuel Antonio Garretón reconoció como un enclave autoritario relativo a la presencia de valores, mentalidades y actitudes propiamente antidemocráticas o autoritarias. Este problema se configura como una limitante para la consolidación de la democracia en el campo de la discusión ideológica respecto de la relación entre pasado, presente y futuro en nuestra sociedad. Por cierto, este importante asunto demanda un rol activo de la sociedad civil, en particular, de los sitios de memoria, respecto de la educación en derechos humanos y la apertura de fuentes históricas para el estudio del pasado reciente.
Omar Sagredo M.
Encargado Archivo Oral
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
