Carabineros de Chile sigue en la cúspide de la polémica por sus reprochables procedimientos en contra de las manifestaciones desatadas en Chile desde el 18 de octubre. A la tragedia provocada por el uso malintencionado de escopetas antidisturbios y de bombas lacrimógenas, se suma ahora el debate por lanzamiento de químicos irritantes que provocan graves quemaduras en los manifestantes y la posible incorporación al arsenal antidisturbios de nuevas armas “no letales”, para uso de una policía severamente cuestionada y que algunos llaman a reformar y otros definitivamente a refundar.
En la polémica, nuevamente surgió el tema de la formación que recibe la policía uniformada en materia de derechos humanos. Lo planteó la organización Human Right Watch, cuestionando la instrucción en esta materia en base a cursillos, aunque para otros analistas esta visión se queda corta. En la raíz de los abusos y malos tratos hacia manifestantes, se expresaría una formación que aparentemente exacerba el aspecto militar, y una cultura que normaliza la violencia y el abuso incluso, ocasionalmente, hacia los propios funcionarios de la institución policial.
El 22 de diciembre de 2009, por ejemplo, los integrantes de un curso de formación de anti disturbios culminaron la instrucción en el campo de entrenamiento que dispone Carabineros en la localidad de Curacaví, y como lección final recibieron chorros de ‘agüita’ desde un vehículo lanzaaguas o ‘guanaco’, que los impactó con una mezcla de líquido y el químico irritante llamado CS. En altas concentraciones este compuesto puede provocar graves quemaduras, como de hecho ocurrió con varios miembros del grupo, entre ellos el suboficial Blas Herrera, quien denunció el hecho.
En la actualidad y tras la polémica por el uso malintencionado de escopetas antimotines y bombas lacrimógenas, Carabineros enfrenta severos cuestionamientos por el uso de químicos en el agua que disparan los carros celulares. Una denuncia alude a la posible presencia de soda caústica, lo que debe ser investigado pues de ser cierto sería de la mayor gravedad.
Civiles militaristas
Las graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales se responsabiliza a Carabineros tienen una coautoría civil. Autoridades gubernamentales y políticos, y empresarios militaristas han operado ya sea para mantener el estatus quo al interior de la institución y/o incentivar la violencia y el abuso policial con discursos donde se habla de “guerra”, de “enemigos poderosos”, de atacantes militarizados y premunidos de “tecnología de punta” y de “humillación” a los carabineros cuando se les cuestiona por la comisión de abusos y trato violento a manifestantes.
Un ejemplo de lo anterior ocurrió en junio de 2018. En esa oportunidad el presidente Sebastián Piñera presentó en sociedad el denominado ‘Comando Jungla’, una agrupación de policías soldados con entrenamiento en Colombia en tácticas de lucha antiguerrillera, destinado a combatir al ‘terrorismo’ en la Araucanía. Además de la instrucción tipo comando, el grupo fue dotado de carros blindados, del mismo modelo que usa el Ejército, modernos fusiles de asalto, aparatos de visión nocturna y drones.
Pero el pequeño y bien armado ejército no duró mucho en funciones. El 14 de noviembre uno de estos policías soldados, participante de un extraño procedimiento por robo de vehículos, disparó su fusil de asalto en contra del comunero mapuche Camilo Catrillanca, dándole muerte y provocando el término abrupto del famoso comando jungla. A comienzos de diciembre, el mismo civil que los presentó con bombos y platillos, anunció su retiro de la Araucanía y el reforzamiento de las unidades antidisturbios o “fuerzas especiales”.
