Marcharon alrededor de La Moneda para exigir justicia, no a la impunidad y leyeron un manifiesto que criticó “el sistema neoliberal que impuso la dictadura a través de la Constitución”. Al término de la manifestación la agrupación Hijos ingresó a la entrada principal del Ministerio de Justicia para entregar el texto al Secretario de Estado de la Cartera, quien se comprometió a recibir a los firmantes.
Desde hacía mucho tiempo que no se lograba un nivel de unidad y coordinación en las organizaciones de Derechos Humanos de Chile, que permitió en el Día Internacional, la redacción de un extenso documento con sus más preciadas reivindicaciones: el “Manifiesto por la Dignidad y los Derechos Humanos de los Pueblos que habitan Chile”.
El texto fue leído en la Plaza de la Constitución por Alberto Rodríguez, director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Juanita Aguilera de la Comisión Etica contra la Tortura.
El texto señala que “es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones. Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración Universal que hoy conmemoramos”.
Asimismo exigen la “derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a los monopolios internacionales. Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión.”
Otra de las demandas son la “anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia”
También piden la “derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional —obligación que tienen todos los organismos públicos—, y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior”.
Otra de las peticiones está relacionada con la “jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados y el fin de las cárceles especiales para recluir a genocidas.”
En el texto se pide el “fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.”
Las organizaciones pidieron “sanción para los agentes del Estado, incluidos sus mandos. Fin a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.”
Al término de la lectura del manifiesto los activistas por los Derechos Humanos colocaron un excusado al cual lanzaron la Constitución Política de 1980, entre otras instituciones legales que desean ver desaparecer.
Posteriormente miembros de la Agrupación Hijos, que reúne a hijos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados ingresó al Ministerio de Justicia y exigió que el titular de la Cartera José Antonio Gómez los recibiera para entregarle personalmente el manifiesto.
Sin embargo, el Secretario de Estado salió de su despacho en esos momentos y Gendarmería de Chile que custodia el recinto cerró la puerta principal.
Los manifestantes permanecieron el “hall” del edificio durante más de una hora, al término de la cual miembros del gabinete del ministro Gómez se comunicaron con el director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi Higinio Espergue, coordinador de la redacción del manifiesto, con quien concordaron una reunión con el ministro y los representantes a Asamblea 10 de diciembre, es decir, los firmantes del documento.
Dicha cita se realizará la próxima semana.
Firmaron la convocatoria:
Agrupación de Derechos Humanos Fernando Alvarez de Concepción, Región del BioBIo
Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos, Región de Valparaíso
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
Agrupación de Familiares de Víctimas de Lonquén y de la Corporación Lonquén
Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos
Agrupación de Hijos
Agrupación Usuarios PRAIS, Recoleta
Agrupación Valle Consciente, Región de Valparaíso
Amerindia
Amigos de Miguel Woodward, Región de Valparaíso
Asociación Americana de Juristas
Asociación de Comunidades Afro Rurales de Azapa Territorio Ancestral, Región Arica Parinacota
Asociación de Memoria Venda Sexy
Asociación Internacional de Poetas, Suecia
Asociación Latino Americana de Derechos Humanos de Gotemburgo, Suecia
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
Casa de Miguel
Centro Ecuménico Diego de Medellin
Centro Helmut Frenz
Cine Forum, Región de Valparaíso
Colectivo 119 Familiares y Compañeros
Colectivo de Familiares y Sobrevivientes 23 y 24 de Agosto
Colectivo La Chusma
Colectivo de Memoria Pontificia Universidad Católica
Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares
Comisión Chilena de Derechos Humanos
Comisión Ética Contra la Tortura –CECT
Comité de Amistad Chileno con el Pueblo Saharaui
Comité de Derechos Humanos de Población La Legua
Comité de Derechos Humanos Nido 20
Comité de Memoria de Maipú
Comité de Salud PRAIS de Talcahuano
Comité Oscar Romero de Coyhaique
Comité Oscar Romero de Santiago
Comunidad Ecuménica Martin Luther King
Consejo Consultivo Casa Memoria José Domingo Cañas
Coordinadora Jurídica 4 de Agosto
Coro Voces de la Rebeldía
Corporación 3 y 4 Álamos
Corporación Parque Cultural Ex Cárcel, Región de Valparaíso
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Defensoría Popular
Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile, CONFERRE
Editorial Quimantú
Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura, Región de Valparaíso
Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso.
Familiares y Amigos de Marcelo Barrios, Región de Valparaíso
Foro por la Asamblea Constituyente
Frente Bolivariano Internacional de Suecia
Fundación Cristo Vive
Fundación de apoyo a la niñez y sus derechos, ANIDE
Fundación por la Memoria de San Antonio
Londres 38, Espacio de Memorias
Marinería Antigolpista
Memorial Paine un lugar para la Memoria
Movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo
Movimiento Mundial «Declaramos Ilegal la Pobreza»
Movimiento Somos Iglesia
Observadores de Derechos Humanos de la Patagonia
Observatorio Ciudadano
Observatorio por el cierre de Escuela de Las Américas
Organización de Afro descendientes Chilenos Lumbanga, Región de Arica Parinacota
Radio Liberación
Red de Profesores de Filosofía de Chile -REPROFICH
Servicio Paz y Justicia –SERPAJ
Sindicato de Temporeros Aconcagua Unidos
Sindicato de Trabajadores de Edificios y Actividades Conexas, SITERMAC
Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia
Sobrevivientes de Tejas Verdes, Región de Valparaíso
Sociedad Mutualista Bautista Van SchowenVasey, Región del BioBio
Unión Comunal de Organizaciones Sociales de Putaendo
Unión Hispano mundial de Escritores, Suecia
Unión Nacional Estudiantil, Región de Valparaíso
Texto completo del manifiesto
P O R L A M E M O R I A, L A V E R D A D Y L A J U S T I C I A
MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
DE TODOS LOS PUEBLOS QUE HABITAN CHILE
Al Estado de Chile, al Gobierno, a la comunidad nacional e internacional
El 10 de diciembre de 2014 se conmemoran sesenta y seis años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la humanidad estableció que la VIDA no tiene precio y que no existen razones que justifiquen violarla.
A pesar del avance que ha existido desde entonces en las normativas de protección de los derechos humanos, los Estados no las convierten en principios rectores de sus gobiernos, y permiten que la vida de millones de seres humanos sea pasada a llevar todos los días, mientras que los conflictos armados, las mafias y los carteles de narcotráfico coludidos con los Estados, los capitales del sistema financiero y las corporaciones transnacionales arrasan con nuestra tierra y sus recursos, poniendo en peligro la existencia de la humanidad. La violencia que ejercen sobre los pueblos deja como secuela la muerte, la tortura, la desaparición forzada de personas y los desastres naturales en demasiados países y comunidades a nivel mundial.
No obstante, la sociedad democrática se legitima sobre la base de los principios de la justicia, y la justicia exige que sus miembros se pongan de acuerdo en los criterios que sirven para decidir lo que es justo y lo que es injusto. De ahí que la justicia sea la expresión de los derechos humanos y los principios que la rigen deban ser comprendidos y asumidos por todos.
II
En Chile, los gobiernos de la pos dictadura han relativizado el valor ético y moral de la lucha por la defensa de los derechos humanos. A las consignas de verdad y justicia, a las acciones para que su violación no se repita y a los llamados al «nunca más», les ha seguido una serie de decisiones políticas que consagran la impunidad y el silencio respecto de los crímenes y de sus autores, bajo el pretexto de la reconciliación. Así, los chilenos hemos sido testigos de la connivencia y complicidad entre los gestores civiles y los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Y también hemos visto cómo sus herederos políticos y quienes han concentrado el poder económico han utilizado y perfeccionado las herencias institucionales de la dictadura, ocultando los orígenes de la injusticia y la desigualdad.
El Estado chileno ha promovido la amnesia y, junto con la concentración de la riqueza, ha forjado un proceso sutil pero violento de apropiación de lo que nos corresponde a todos. Por eso, propicia el olvido de las violaciones a los derechos humanos y busca borrar las huellas del genocidio, privándolas de significado. La memoria sirve para hacer la genealogía de la injusticia.
III
Es necesario que el Estado chileno y sus gobiernos comprendan que la justicia no puede ser solo simbólica. Los juicios y las condenas, así como la reclusión de los criminales y de los que se han enriquecido atentando contra la humanidad deben corresponderse con sus gravísimas acciones. Tal es el sentido de la proclamación de la Declaración Universal que hoy conmemoramos.
Una cultura basada en los derechos humanos debe desarrollar todas sus dimensiones: la dimensión histórica, que relata y analiza los hechos que constituyen la base del presente; la dimensión jurídica, que identifica la acción criminal y enjuicia a los responsables; la dimensión política, que orienta el pasado en función de los intereses presentes y futuros, y la dimensión y acción social, que es la fuerza que transforma la sociedad y que desde su autonomía e independencia amplía los marcos establecidos y hace evolucionar a los Estados. En consecuencia, recordar resulta indispensable, porque solo la memoria puede hacer posible que los pueblos construyan una identidad en relación con su historia y, por ende, sean capaces de protagonizar su futuro.
No se puede vivir en democracia si los criminales y sus cómplices justifican los crímenes que cometieron y mantienen pactos de silencio que obstruyen que se establezca la verdad y se realice la justicia.
IV
El sistema neoliberal que impuso la dictadura a través de la Constitución y las leyes de impunidad aún imperan, han sido asumidas por los gobiernos civiles. Este sistema basado en la opresión es injusto porque excluye a quienes no les son rentables. La injusticia mata. El sistema que la provoca es criminal. Es irracional trasladar la lógica de la economía mercantilista a las personas y repartir los derechos como se reparte un bien que es escaso. Lo que es legal no necesariamente es justo. Por lo tanto, la legalidad no se puede desvincular de la teoría de los derechos humanos.
Somos un pueblo que ha resistido y ha conservado su dignidad. Nada nos ha sido regalado. Todo lo que hemos logrado en verdad, justicia, memoria y reparación ha sido fruto de la organización y la lucha mancomunada que se inició hace más de cuarenta años, mientras que los responsables civiles y militares gozan de la impunidad que les otorga el Estado.
Muestra de ello son los jóvenes chilenos que hoy, resueltos a enfrentar con coraje el terror de la represión, la manipulación política e informativa, la criminalización de sus organizaciones y luchas, y las leyes represivas con las que quieren aplastarnos, han sabido transformar la injusticia y la opresión en libertad para transitar por las «grandes alamedas» y convertir el dolor en esperanza. Igualmente, los pueblos originarios no se han doblegado ante la ocupación policial ni el neocolonialismo con que los gobiernos pretenden, una vez más, robar sus tierras y destruir su cultura y sus derechos.
Los hombres y las mujeres pobladoras resisten en las paupérrimas condiciones de habitación y trabajo a las que son sometidos. En los campos, otros miles soportan cotidianamente las lluvias de pesticidas y fungicidas que hacen posible la exportación y erosionan nuestros suelos. Los pescadores artesanales, herederos de uno de los oficios más antiguos de la humanidad, han sido despojados del alimento cotidiano por los grandes grupos económicos que se han apropiado del mar y sus recursos. Numerosas comunidades viven hoy la carencia del agua, debido a que los grandes propietarios de las tierras y las empresas mineras se la roban, apropiándose, contaminando y destruyendo la biodiversidad, mientras que los trabajadores padecen el sistema de transporte, la adulteración genética de los alimentos, la industria farmacéutica y la contaminación ambiental. Y frente a esto, el Estado no actúa en defensa de las personas, sino de las corporaciones y monopolios.
V
Por todo lo anterior:
Instamos a fortalecer la organización social, así como la reflexión y la articulación amplia, para luchar y construir un camino en el cual sea el propio pueblo quien haga realidad sus derechos.
- Llamamos al Gobierno, a los poderes del Estado y a los que concentran el monopolio de las decisiones a detener esta máquina de muerte y atropello permanente a los derechos humanos del pueblo y sus organizaciones.
- Llamamos a la comunidad internacional a estar alerta y movilizarse contra las masacres, genocidios, agresiones y toda vulneración de derechos que atentan contra la VIDA, la JUSTICIA y la PAZ.
En la defensa y promoción de los derechos humanos para que estén plenamente vigentes, queremos:
Derecho a la vida plena y digna, sin exclusión ni pobreza.
- Derecho a la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan Chile, haciendo valer todos los tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Originarios. La soberanía que revindicamos es la soberanía sobre nuestro mar, nuestros recursos naturales, nuestros glaciales, nuestra diversidad, nuestras aguas y nuestras semillas.
- Derecho a una nueva Constitución Política que surja de un proceso constituyente de participación popular del pueblo chileno, y que refunde el Estado sobre la base del respeto a la diversidad, la multiculturalidad y los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio; una Constitución Política que tenga capacidad revocatoria de las autoridades elegidas y unas Fuerzas Armadas y policiales que se subordinen al poder civil para que estén al servicio del pueblo.
- Otorgar fuerza vinculante a todos los instrumentos internacionales que ha firmado el Estado de Chile y están relacionados con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos para que puedan ser incorporados en el ordenamiento jurídico interno del país.
- Garantizar la vigencia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales para todas las personas, incluida la población de inmigrantes, afro descendientes, gitanos y sus familias.
- Entregar estatus de inmigrantes a las personas que hayan permanecido más de un año en nuestro país y se encuentran en situación de «extranjeros transeúntes».
- Entregar inmediatamente el derecho a la nacionalidad a todas las niñas y niños declarados apátridas.
- Derecho de la ciudadanía a tener un defensor del pueblo.
- Derecho a la igualdad de los géneros, que garantice los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a un aborto seguro, en el caso de las mujeres.
- Derecho a la verdad, derecho a la justicia, derecho a la memoria, derecho a la reparación integral; debe realizarse juicio y castigo a todos los violadores de derechos humanos del pasado y del presente; degradación de los agentes del Estado implicados en violaciones a los derechos humanos e interdicción perpetua de ocupar cargos públicos.
- Derecho a que todos los sitios de memoria sean declarados patrimoniales, con valor histórico y a un Estado que se responsabilice de su conservación y le entregue su administración a la sociedad civil.
- Derecho de la ciudadanía a tener acceso a los archivos secretos de la represión de todos los organismos de inteligencia y represivos del Estado, los que deben poseer carácter público y protección histórica.
- Derecho a la justicia para los sobrevivientes de la tortura, cuyos testimonios han sido silenciados por cincuenta años, en lugar de ser investigados por los tribunales de justicia.
- Derecho a la paz y coexistencia pacífica y fraterna entre los pueblos.
En cuanto al fin a la impunidad de que gozan los violadores de derechos humanos, solicitamos:
Derogación de la Constitución de 1980 y todos los enclaves dictatoriales que impiden la participación del pueblo y les entregan nuestros recursos a los monopolios internacionales.
- Anulación de todas las leyes, decretos, consejos de guerra y acciones sumarias que realizó la dictadura para legalizar la represión.
- Anulación inmediata de la ley de amnistía, y fin a la prescripción y media prescripción que siguen aplicando los tribunales de justicia.
- Derogación de la ley 18.771 de 1989, que exime a las instituciones del Ministerio de Defensa, y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública de la obligación de transferir sus documentos al Archivo Nacional —obligación que tienen todos los organismos públicos—, y los autoriza a eliminarlos mediante la sola decisión de una jefatura superior.
- Fin a la jurisdicción que tienen los tribunales militares para procesar a civiles cuando están implicados en procesos contra uniformados.
- Fin a las cárceles especiales para recluir a genocidas.
- Fin a la ley antiterrorista dejada por la dictadura, a la nueva ley antiterrorista que está en curso de elaboración y a todas las leyes de excepción que criminalizan a los movimientos sociales.
- Sanción para los agentes del Estado, incluidos sus mandos.
- Fin a la tortura, desaparición forzada de personas y secuestros realizados por agentes del Estado y sanción a los agentes del Estado, incluidos los mandos implicados.
- Fin al extrañamiento que aún está vigente para muchos chilenos.
- Fin del envío de soldados y policías a la Escuela de las Américas y otras instituciones de adiestramiento militar para reprimir a los pueblos, y cierre inmediato de las bases militares norteamericanas en Chile.
- Fin a la carrera armamentista y de promoción de la guerra y exterminio de seres humanos.
- Fin de la entrega a las Fuerzas Armadas del 10 % de las utilidades que resultan de la venta del cobre a las Fuerzas Armadas.
- Fin a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
Entre las medidas de «no repetición» y a favor del «nunca más en Chile», solicitamos:
Impartir educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza e instituciones de formación, incluidas las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, instituciones policiales y Gendarmería de Chile.
- Instalar el mecanismo nacional de prevención de la tortura con jurisdicción en todo el país.
- Tipificar el delito de tortura en el Código Penal.
- Tipificar la violencia sexual como una violación grave a los derechos humanos y por ende, sea declarada crimen de lesa humanidad.
- Que todas las violaciones graves a los derechos humanos tengan carácter de imprescriptibles independientemente de si han sido prácticas sistemáticas.
- Conformación de un tribunal que someta a juicios éticos a los violadores de derechos humanos de la dictadura, los instigadores del golpe de Estado, los cómplices y los que se enriquecieron con el sistema económico impuesto por la fuerza.
- Instauración de una instancia permanente con capacidad vinculante de acopio de denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura y en el presente.
- Difusión de información que establezca la implicancia entre derechos humanos jurídicos, civiles y políticos, y derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales.
Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres luchadores sociales que en el mundo arriesgan su vida por la justicia y la libertad.
