Rechazo transversal y mayoritario continúa reuniendo el tributo al ex dictador, mientras agrupaciones de familiares intentan los últimos recursos legales para impedir que pueda efectuarse. Simultáneamente la convocatoria a funa desde las 10:00 en San Diego con Santa Isabel sigue extendiéndose entre la ciudadanía que rechaza esta provocación. El gobierno y su vocero el ministro Chadwik, lavándose las manos sólo justificó su pasividad diciendo…“estamos en democracia”.

Tras el revuelo que está produciendo la impudicia de los organizadores de este nuevo homenaje ronda una pregunta: ¿Por qué homenajear ahora al dictador? Todo indicaría que en ese estado mayor en la sombra que integran violadores a los derechos humanos civiles y militares, presos y en libertad se tiene la convicción que el gobierno de la derecha continua siendo el momento más propicio para reivindicar la libertad de los suyos- cerca de medio centenar- y para crear las condiciones para detener o neutralizar los procesos judiciales en curso. Para ello, el crear “hechos políticos” como la convocatoria al Caupolicán pareciera resultar funcionales y necesarios.

Mireya García dirigente de la AFDD en el día de hoy manifestó “nuestros familiares entregaron sus vidas defendiendo la democracia y eso nos da el respaldo moral para denunciar el que hoy el gobierno está avalando que los violadores a los derechos humanos puedan rendir homenaje a quien encabezo la más sanguinaria y cruel de las dictaduras”. En tanto, en la misma oportunidad Alicia Lira, presidenta de la AFEP hizo “responsable al gobierno y al presidente Piñera de lo que pueda ocurrir el próximo domingo en las inmediaciones del Teatro Caupolicán”.

Es preciso recordar que el antecedente más próximo a este nuevo homenaje a Augusto Pinochet, fue el homenaje al torturador y violador de DD.HH Miguel Krassnoff organizado con el respaldo del alcalde de Providencia que se organizó e hizo en el Club Providencia en noviembre del pasado año, en medio de una centenares de personas que rodearon el lugar para funarlo.

La actitud del gobierno de Piñera de prescindencia amparándose en la democracia en vigencia, no hace sino facilitar las condiciones para que desde organizaciones como Avanzada Nacional y neo pinochetistas se niegue la verdad histórica y desconozca que a estas alturas no están en discusión ni en el país, ni internacionalmente las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1973 y 1990.

MULTIPLES RECHAZOS

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel de paso por Santiago esta semana, consideró el homenaje como un “acto aberrante, que busca justificar el terrorismo de estado y la violación sistemática al estado de derecho, creo que el gobierno chileno no puede permitir este homenaje, debe prohibirlo por ser un evento antidemocrático. Por nuestra parte daremos a conocer esta situación para lograr un repudio internacional en su contra. Este homenaje es tan grave como si en Argentina se pretendiera hacer lo mismo en favor de Videla”.

En carta pública dirigida al presidente Sebastián Piñera y entregada en el Palacio de La Moneda y difundida ayer, más de una docena de instituciones de derechos humanos y ciudadanas manifestaron que “realizar un homenaje a un dictador, es un acto de extrema violencia que vulnera la historia reciente de nuestro país, aún con heridas muy dolientes por los crímenes que se cometieron y por la falta de verdad y justicia. Peor aún, pretender con este acto poner en valor elementos antidemocráticos como el autoritarismo, el terrorismo de Estado, supresión de libertades, no es sino una afrenta a todos quienes defienden y sustentan la democracia”.

En la misiva la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el “Colectivo 119, familiares y compañeros”, Londres 38, espacio de Memorias, la Corporación FORJA, Fundación 1367 José Domingo Cañas, los Marineros Antigolpistas de 1973, Comisión Ética Contra La Tortura, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Corporación Paine, Un Lugar Para la Memoria, Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Paine, Memorial Nido 20 y Manuel Guerrero concejal de Ñuñoa y Natividad Llanquileo dirigente mapuche sostienen “que la democracia debe protegerse de actos que la ultrajen, que debemos cuidarla como un bien social permanente, que todos tenemos el deber de preservar separando claramente, sin ambigüedades a quienes han cometido crímenes de quienes defendemos la vida, como somos las organizaciones que suscribimos esta carta”.

Hace unos días atrás fue la abogada y presidenta del CODEPU, Alejandra Arriaza quién convocó a participar en una “funa” al acto de recuerdo de Augusto Pinochet. Arriaza llamó “la derecha pinochetista busca generar un empate mediático y generar condiciones para la total impunidad de los violadores de derechos humanos. Nosotros no vamos a permitir que esto pase desapercibido porque violentan de esa manera la memoria de nuestro pueblo”.

Por su parte el diputado Tucapel Jiménez, hijo del dirigente sindical asesinado en dictadura presentó una iniciativa de ley declarando ilegal “los actos de apología del terrorismo de Estado y los crímenes de Lesa Humanidad”, de tal forma que no pueda ser la democracia ni las libertades públicas el espacio para hacer apología de la tortura y de crímenes de lesa humanidad.

Los próximos pasos de esta noticia en desarrollo posiblemente los escriban las autoridades de gobierno si es que a último momento se deciden a prohibir este acto del pinochetismo. Quienes con certeza si lo escribirán serán los ciudadanos y ciudadanas que mediante múltiples medios continúan auto convocándose para el próximo domingo 10 de junio reunirse en las inmediaciones del Teatro Caupolicán a repudiar esta afrenta a la memoria de un país que se prepara para el próximo año a conmemorar los 40 años del golpe de Estado de 1973.

COMUNICACIONES VILLA GRIMALDI 7/6.12