Frente al Palacio de La Moneda, representantes de agrupaciones patrimoniales, centros de memoria y sus equipos de trabajo se congregaron para manifestarse en contra del drástico desfinanciamiento aprobado en primera instancia por la Comisión Mixta de la Ley de Presupuestos.
Mediante sucesivos recortes administrativos e indicaciones calificadas como “regresivas” por las entidades, la partida destinada a los espacios de memoria sufrió una disminución del 78,60% (más de $1.879 millones de pesos), reduciendo además a un monto simbólico de $1.000 el financiamiento anual para instituciones clave como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y Londres 38, entre otros espacios. La medida deja a 16 de los 19 sitios financiados a través de la Partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio sin recursos indispensables para su operación.
Un atentado contra la verdad y la educación patrimonial
Durante el acto público, Erika Hennings, directora de Londres 38, dio lectura a la declaración redactada por las organizaciones e instituciones afectadas, alertando sobre “el grave atentado contra la memoria histórica y la esperanza de los derechos humanos, ya que este recorte no es solo una cifra contable; es un acto de desprotección institucional que busca asfixiar los espacios donde se recuerda la verdad histórica, la educación en derechos humanos y la prevención de violaciones a la democracia”. En este sentido, recordó que “desde la recuperación de los sitios a inicios de los años 90, no habíamos enfrentado un panorama tan nefasto y adverso”, enfatizando que “este es el peor momento en que hemos estado las organizaciones en décadas».
Por ello, las agrupaciones convocantes exigieron al Ejecutivo la reposición inmediata de los fondos presupuestarios que permitan el normal funcionamiento de los mismos e instaron a las y los parlamentarios a rechazar el presupuesto si no se garantizan los recursos necesarios para asegurar la sostenibilidad y apertura de estos recintos a lo largo del país, tomando como referencia el presupuesto 2026.
Representación territorial y unidad transversal de las organizaciones firmantes
En el mismo acto, Lesly Araneda, trabajadora del equipo de Londres 38 dio lectura al comunicado conjunto preparado por las y los trabajadores de sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos de Chile, en el que se manifestaba que “quitar el sustento estatal, más que un ajuste contable, es una decisión política que vulnera directamente el derecho a la memoria de toda la sociedad y constituye una revictimización para los sobrevivientes y sus familias”. Por ello, recalcó que “retirar estos recursos profundiza la aguda precarización laboral del sector, poniendo en riesgo la continuidad de funciones pedagógicas, comunitarias, de archivo y patrimoniales cotidianas”, advirtiendo que “miramos con alarma cómo Chile puede replicar el desmantelamiento institucional visto en Argentina, donde el recorte busca vaciar los espacios e imponer el negacionismo”, finalizando Sin trabajadores no hay sitios de memoria; sin memoria no hay democracia».
Cabe señalar que la aprobación de indicaciones en la Partida 29 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, redujo seis líneas presupuestarias que originalmente sumaban cerca de $3.903 millones a solo $1.000 cada una: afectando a la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; Fondo Programa Sitios de Memoria; Londres 38; Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional; Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume y Corporación de Ex Presos Políticos de Pisagua.
Al quedar el Fondo Programa Sitios de Memoria en $1.000, el desfinanciamiento afecta de manera directa el funcionamiento operativo de 16 de los 19 sitios de memoria del país que dependen de dicha línea de financiamiento estatal –que durante el 2026 ascendió a $683 millones, lo que se suma a la eliminación previa de los fondos de inversión patrimonial y rescate arqueológico.
Durante la manifestación se visibilizó el amplio apoyo y representación a la declaración por parte de las entidades que suscribieron la misma y que estuvieron representadas a través de la Red Nacional de Sitios de Memoria y la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria, junto a recintos emblemáticos de la Región Metropolitana y de todo el país.
La movilización concluyó con un emplazamiento directo y unánime a ambas cámaras del Congreso y a la Presidencia de la República para revertir el recorte presupuestario de forma permanente, por lo que las organizaciones se declararon en estado de alerta frente a las próximas votaciones en el Parlamento, remarcando que la protección de estos sitios constituye un compromiso indelegable del Estado con las garantías de no repetición y la defensa de la democracia
