En el curso de este mes, el Directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi sostuvo un interesante encuentro con Carlos Astudillo Ulloa, asesor de la senadora Fabiola Campillai Rojas, instancia en la que se abordaron las posibles alternativas para continuar avanzando en la construcción de un camino que asegure la permanencia y el financiamiento regular de los Sitios de Memoria en nuestro país.

En esta reunión se compartieron algunas ideas e iniciativas para hacer viable la propuesta de dictar y aprobar en el Congreso una Ley de Sitios de Memoria, materia que, pese a los intentos ya realizados, no se ha logrado concretar en el parlamento, por lo que se hace necesario aunar fuerzas para alcanzar dicho objetivo.

A pesar de los progresos que se han efectuado con respecto a esta materia, nuestro país carece de una ley que asegure la preservación, funcionamiento, gestión y sustentabilidad de estos lugares, lo cual quedó demostrado con los problemas de financiamiento que vivieron algunos sitios -como Casa Memoria José Domingo Cañas- en el transcurso de este año.

Como antecedentes de la actual realidad de los Sitios de Memoria, hay que considerar que ha sido gracias a la constante presión y trabajo realizado por la sociedad civil que se ha logrado recuperar y proteger algunos de los espacios que fueron ocupados por la dictadura cívico/militar como centros de prisión, tortura y exterminio de miles de chilenas y chilenos y que posteriormente, tras la declaración de la Comisión Valech, a algunos de ellos se les otorgó su protección mediante su declaratoria como Monumentos Nacionales. (Ley 17.288)

De esta manera, de los 1.138 lugares de tortura que hubo en Chile entre 1973 y 1990, se han protegido alrededor de 60 sitios, lo cual demuestra la insuficiencia de las políticas del Estado chileno con respecto a la conservación y mantenimiento de estos lugares, que hoy transmiten la memoria de lo que allí ocurrió en tiempos de la dictadura y promueven el respeto de los DDHH.

A 50 años del Golpe de Estado, se hace urgente esta ley para garantizar la efectiva permanencia de estos espacios en donde se violaron los principios básicos de humanidad.