NO EN NUESTRO NOMBRE
Nosotras, mujeres sobrevivientes de prisión política, tortura y violencia sexual durante la dictadura civil-militar en Chile, declaramos públicamente nuestro más profundo rechazo al llamado al perdón como horizonte político frente a los crímenes de lesa humanidad.
Hablar de perdón puede tener sentido en el ámbito íntimo y personal. Pero cuando proviene de figuras públicas vinculadas a la memoria y a la representación del pasado —como Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria— sus palabras tienen un impacto político ineludible. Decir que “en Chile no hay impunidad” porque existen condenas judiciales es ignorar la magnitud de la violencia vivida y minimizar el alcance limitado e insuficiente, de la justicia.
De más de 40 mil víctimas reconocidas de prisión política y tortura, solo una fracción ha llevado sus causas a tribunales. De las personas detenidas desaparecidas, apenas una minoría ha sido identificada. Las ejecuciones políticas siguen mayoritariamente en causas inconclusas. Los criminales no han colaborado con la verdad ni han mostrado arrepentimiento. Peor aún, muchos gozan de privilegios: pensiones estatales, homenajes, ascensos. Y los responsables civiles —médicos, jueces, empresarios, funcionarios— siguen impunes.
Nosotras, como mujeres, fuimos objeto de violencias específicas: violaciones sistemáticas, tortura sexualizada, aborto en condición de tortura, partos en condiciones inhumanas, amenazas a nuestras familias, intentos de aniquilación de nuestras identidades políticas y personales. La violencia política sexual fue silenciada durante décadas, y aún hoy no son plenamente reconocidas en los procesos judiciales ni en las políticas de memoria.
El perdón, en estas condiciones, no libera el futuro. Lo encadena a un pasado no reparado, a un presente de impunidad estructural. Cuando los avances en justicia han sido conquistados con la lucha persistente de sobrevivientes, abogadas y familiares, hablar de perdón equivale a decirnos: “ya es suficiente, deténganse aquí”. Es una forma elegante de poner punto final.
Cuando las decisiones sobre justicia se rigen por morales personales, el terreno se vuelve inestable y peligroso. No hay debido proceso, no hay verdad contrastada, no hay garantías. Solo opiniones y relatos individuales que no pueden reemplazar el peso de una estructura jurídica. La justicia deja de ser un derecho colectivo y se convierte en el capricho de quien tenga más visibilidad, más influencia o más espacio para imponer su versión. Eso no solo es injusto, es profundamente nocivo: borra las responsabilidades, diluye las verdades históricas y convierte el perdón en una decisión unilateral. Se convierte la justicia en un privilegio, no en un derecho. Se desplaza la culpa hacia las víctimas, acusándolas de obstaculizar la reconciliación por no olvidar.
Nosotras exigimos justicia. Lo hicimos, y lo seguimos haciendo, por las vías institucionales, incluso cuando esas mismas instituciones nos negaban. No fue nuestra moral personal la que dictó justicia, fue un proceso legal al que nos sometimos con paciencia y tenacidad. No aceptamos que ahora se nos pretenda moralizar desde tribunas públicas, ni que se desacredite nuestra lucha como resistencia al diálogo.
El perdón, sin verdad ni juicio, no es reconciliación. Es coartada para los criminales. Lo vimos en Argentina con los decretos de punto final; lo sabemos por la experiencia de Sudáfrica y Ruanda, donde el perdón forzado solo cubrió de silencio las heridas abiertas.
No en nuestro nombre se justificará el olvido. No en nuestro nombre se relativizará la justicia.
La memoria no se negocia. La justicia no se sustituye. El futuro se construye con verdad, con reparación y con garantías de no repetición. Y para eso, seguiremos aquí.
Agrupación de Mujeres Presas Políticas de Magallanes 1973-1974
Ex Presas Políticas El Buen Pastor, Valparaíso
Ex Prisioneras Políticas de La Barraca, 3 y 4 Álamos
Ex prisioneras políticas de la dictadura en Chile
Santiago, junio de 2025
