“El primer marido de mi madre, Hugo Daniel Ríos Videla, fue parte de las 119 víctimas de la Operación Colombo y para mi fue angustiante sentir su dolor porque nunca obtuvo verdad y falleció sin saber dónde estaban los restos de Hugo”. El testimonio corresponde a Mariana Zegers Izquierdo, secretaria general de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, y refleja el drama de los familiares de detenidos desaparecidos, que en el caso de los 119 se vio agravado por un montaje comunicacional puesto en marcha por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a fines de julio de 1975, mediante el cual se buscaba encubrir las desapariciones aduciendo que las víctimas habían sido  asesinados en pugnas internas o en enfrentamientos con la policía argentina, llegando al extremo de festinar el hecho con frases grotescas publicadas en las principales portadas de la prensa chilena.

Si bien han pasado 44 años de ocurridos estos crímenes, en muy pocos casos se ha obtenido justicio y en menos aún se ha logrado conocer la verdad y el destino final de las y los 119. Al respecto Mariana Zegers afirma: “quienes luchamos por los derechos humanos nunca hemos considerado de manera separada la verdad y la justicia, de manera que la historia no se cierra cuando en un caso se logra algún grado de justicia pero  no la verdad sobre el destino final del detenido desaparecido. Es probable que nunca sepamos donde están por los pactos de silencio y por el hecho que los perpetradores se estén muriendo, pero también están falleciendo los familiares de las víctimas sin conocer la verdad lo cual deja una herida profunda en toda la sociedad chilena cuyos efectos no se remitirán al pasado, sino que se expresan en el presente y se extenderán a futuro”.

Para Zegers una de los efectos de la dictadura y sus procedimientos brutales, como el caso 119, es el de haber establecido en el Estado chileno políticas que trascienden a los gobiernos buscando siempre criminalizar a las disidencias y movimientos sociales que luchan por sus demandas. “Creo que la política de sindicar a quienes luchan como “enemigos internos”, propio de la dictadura, se ha traspasado a los gobiernos posteriores, quienes la han enfocado en contra de los pueblos originarios y dirigentes sociales y medioambientales y grupos antisistemicos. Contra ellos es recurrente la acción comunicacional que los criminaliza y justifica la represión, como en el denominado ‘Caso Bombas’ o el frustrado montaje en el caso de Camilo Catrillanca donde se intentó disfrazar un asesinato brutal como un hecho derivado de un enfrentamiento con ladrones de vehículos».

El 25 de julio de 1975, el diario El Mercurio, publicó una noticia donde hacía referencia a dos publicaciones extranjeras, el diario brasileño Novo O’Dia y la Revista Lea, de Argentina, las que afirmaban la existencia de enfrentamientos armados entre facciones confrontadas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que habrían terminado con la vida de 119 de sus miembros. Los hechos reproducidos por el medio chileno, señalan, teniendo como base a la publicación brasileña, habrían ocurrido en las provincias de Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, y Tucumán, de Argentina y, según la revista trasandina, estos sucesos habrían ocurrido en Argentina, Colombia, Francia , México, Panamá y Venezuela.

El texto del diario El Mercurio señala que “víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban de caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos”.

En la tarde del día anterior, el periódico La Segunda, perteneciente a la misma empresa editorial, había publicado como titular principal, el título que pasaría a la historia como uno de los más horribles del periodismo chileno, al señalar: ‘Exterminados como ratones’. El otro medio de la época, La Tercera, había publicado el 23 de julio, otra noticia relativa a la información que supuestamente provenía del extranjero, y había señalado que “El MIR ha asesinado a sesenta de sus hombres”. Las tres publicaciones omiten que en la lista entregada no sólo había militantes del MIR, sino que de otros partidos que habían sido parte del gobierno de la Unidad Popular.

Estos hechos generaron que familiares, amistades y camaradas de las mujeres y hombres que aparecían en la listas entregadas por los distintos medios de comunicación, reaccionaran denunciando el montaje mediático de la dictadura cívico militar chilena, elaborando en conjunto con las dictaduras argentina y brasileña. Las listas mencionaban a 119 personas que fueron secuestradas entre abril de 1974 y febrero de 1975 mientras realizaban sus actividades cotidianas, tal como se estableció en el informe de Verdad y Reconciliación, encabezado por Raúl Rettig. 

Así mismo se señala que todos los secuestros se realizaron en la ciudad de Santiago, para ser trasladados a los centros de detención clandestinos de la DINA, operativos en 1974, como eran Villa Grimaldi (Cuartel Terranova), Cuartel Ollagüe, Londres 38, y 3 y 4 Álamos. Según testimonios de sobrevivientes, desde estos lugares sus rastros se pierden entre abril de 1974 y febrero de 1975.

La secuencia de desapariciones que terminaron por conformar la lista de los 119, en la autodenominada Operación Colombo, operativo de inteligencia montado por los aparatos de seguridad de la Dictadura Militar, se inició, según el Informe Rettig, en abril de 1974, cuando fue secuestrado Eduardo Ziede Gómez, estudiante de sociología y militante del MIR; y la última fue el 20 de febrero de 1975, correspondiendo Juan Carlos Perelman, ingeniero químico. Las listas publicadas en la operación daban cuenta de 19 mujeres y 100 hombres.