Acompañado de dirigentes de organizaciones comunitarias y de derechos humanos, el directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi se declaró en estado de alerta ante la crítica situación financiera que atraviesa la institución por el retraso en la entrega de fondos públicos por parte del Estado.
El presidente de la Corporación, Álvaro Ahumada, denunció una «carencia absoluta de sentido de urgencia» en la tramitación de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, retraso que impide que el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) libere los recursos anuales, “lo que ha dejado a la organización al borde de la paralización, afectando directamente el pago de remuneraciones de sus trabajadores.
Álvaro Ahumada enfatizó que “la institución tiene un historial de 15 años de gestión transparente sin observaciones en el uso de recursos y que el problema es estrictamente administrativo-burocrático entre Contraloría y Serpat, ajeno a la gestión de la Corporación”.
Ante ello, reveló el presidente del directorio, “la institución lleva más de cuatro meses funcionando gracias a aportes voluntarios de socios y socias, muchos de ellos personas mayores con recursos limitados que han puesto sus ahorros a disposición de la organización”.
Pese a este panorama, Ahumada fue enfático en que “cerrar el Parque por la Paz no es una opción, ya que significaría ‘dar un paso atrás’ y aceptar una realidad impuesta por la ineficiencia administrativa”, asegurando que “se agotarán todas las instancias posibles para mantener el espacio abierto y operativo”.
Por su parte, el vicepresidente de la corporación Cristian Castillo, calificó la situación como «insólita» y alertó sobre la vulnerabilidad de las familias de los trabajadores, por lo que se ha implementado un mecanismo de solidaridad ética “en el que los trabajadores con mayor estabilidad han cedido sus turnos de pago para que los colegas con necesidades más urgentes reciban sus remuneraciones completas”.
Castillo subrayó que “el apoyo de los trabajadores en esta situación no es solo administrativo, sino una convicción política y social, ya que mantener la educación en derechos humanos es una herramienta indispensable frente al avance del negacionismo en el país”.
En la conferencia se encontraba presente Francisca Insunza, en representación de las y los trabajadores de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, quien manifestó que, existiendo un compromiso ético profundo con la labor de memoria, la crisis tiene un impacto crítico y directo en los hogares, ya que el sueldo es el sustento básico y la falta de este genera una presión insostenible para las familias. “La complejidad de trabajar sin remuneración, puntualizó Insunza, ¨plantea la contradicción y la dificultad de sostener una labor comprometida cuando no se cuenta con los recursos mínimos para la subsistencia”, calificando la situación como “una presión directa sobre cualquier labor que se desarrolla en el Parque”.
Pese a todo esto, agregó Francisca Insunza, “los trabajadores han mantenido una actitud de comprensión hacia la Corporación, entendiendo que la falta de fondos no es responsabilidad del directorio y se valoran los espacios de escucha que se han generado entre los socios, el directorio y el equipo de trabajo”, puntualizando que esta empatía no implica pasividad: “nos encontramos en estado de alerta permanente frente a los acontecimientos y observando de cerca cada paso que se da para resolver esta situación
La denuncia fue respaldada por otras organizaciones de derechos humanos presentes en la actividad. María Cisternas Flores, de Casa Memoria José Domingo Cañas, expresó su solidaridad ante la grave situación financiera de Villa Grimaldi, pero advierte que no es un caso aislado, sino un problema que trasciende a una sola institución. “Nuestra propia organización se encuentra en una situación crítica, con sus trabajadores y trabajadoras sin sueldo desde el mes de enero y que la crisis de financiamiento y los ajustes administrativos tocan a todos los sitios de memoria por igual, poniendo en riesgo la continuidad de su labor de preservación y educación”
Por su parte, Erika Hennings, de Londres 38 espacio de memorias, calificó la retención de fondos como un «atentado al derecho a la memoria», resaltando que el trabajo que se realiza con ella “no es solo una actividad institucional, sino un derecho esencial de los pueblos”.
“Sitios como Londres 38 y Villa Grimaldi fueron centros de terrorismo de Estado recuperados gracias a la lucha de vecinos, sobrevivientes y organizaciones para transformarlos en espacios de educación y comunidad, resaltó Erika Hennings, por lo que es «inaceptable e inaudita esta retención de fondos, que es un atentado directo contra los trabajadores y la continuidad de sus labores”.
Finalmente, pese a la precariedad e incertidumbre, los representantes de la Corporación y sus distintos estamentos fueron enfáticos en que no se cerrarán las puertas del Parque por la Paz Villa Grimaldi, para asegurar que este Sitio de Memorias siga cumpliendo su rol educativo y de reparación para las nuevas generaciones.
