La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi expresa su profunda preocupación por el estado de salud en que se encuentran veinte presos políticos mapuche en huelga de hambre, entre los cuales está el machi Celestino Córdova quien lleva más de cien días sin ingerir alimentos. A lo cual se suma el posible inicio de huelga seca por parte de Córdova, en protesta por el reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó un recurso de amparo donde solicitaba cumplir los próximos seis meses de su condena en arresto domiciliario.

En la raíz de esta circunstancia destaca la constante negación e incapacidad del Estado chileno de establecer un camino de solución política al conflicto en la Araucanía y así honrar los compromisos internacionales que suscribe.

A comienzos de octubre de 2008 Chile promulgó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cumpliendo al fin con uno de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Nueva Imperial, suscrito por Patricio Aylwin en 1989. 

Con su promulgación, nuestro país se comprometía a aplicar todo su articulado, incluyendo el artículo décimo que obliga, en caso de imponer sanciones a miembros de los pueblos indígenas “a tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales” y a dar preferencia “a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. La demanda del machi Celestino Córdova, de efectuar parte de su condena en su domicilio, resulta de plena justicia y coherencia con el Convenio 169 y sólo cabe exigir al Estado su cumplimiento.

Junto a lo anterior, nuestra institución rechaza las expresiones de autoridades del actual gobierno, que buscan justificar como medidas “terapéuticas” y de defensa del “derecho a la vida” maniobras destinadas a forzar la alimentación del machi y demás huelguistas. Al respecto cabe señalar que tanto la comunidad médica internacional como organismos de derechos humanos, repudian este tipo de prácticas, por considerarlo una forma de tortura contra personas que no pueden defenderse y a las cuales no solo se les humilla, sino que se les provocan laceraciones por la introducción forzada de objetos por la vía nasal, por ejemplo. De aplicar este tipo de medidas, el Estado de Chile violaría derechos fundamentales de los huelguistas, cuya forma de lucha es plenamente legítima. 

Finalmente, la Corporación reitera su solidaridad con los presos políticos mapuche y el machi Celestino Córdova, haciendo un llamado al Estado chileno a cumplir los compromisos internacionales que suscribe, en este caso el Convenio 169 de la OIT, y a no seguir violando los derechos humanos del pueblo mapuche. Basta de criminalizar la lucha de un pueblo que ha sufrido la usurpación y explotación de sus tierras, y cuyas reivindicaciones son absolutamente legítimas. Es deber del Estado dar de una vez por todas esta discusión; discusión política, que no puede obviar los temas de restitución de tierras y autonomía del pueblo mapuche y sustituirlos por temas meramente de pobreza y orden público.