Organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, entre ellos la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, rechazaron el homenaje considerándolo un hecho de la máxima gravedad y exigieron sanciones drásticas en contra de los responsables. Las destituciones del director de la Escuela Militar, Germán Villarroel, y del hijo de Miguel Krassnoff, Miguel Krassnoff Bassa, vienen a cubrir en parte esta demanda, pero no satisfacen la duda sobre el tipo de doctrina que se transmite actualmente en los institutos militares y si la oficialidad comprende y valora el respeto a los derechos humanos.
Carta de detrás de las trincheras
El 19 de septiembre recién pasado, el criminal Miguel Krassnoff dirigió una carta al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, pidiendo la intervención de la institución para obtener su libertad. Dos semanas después, en el marco de una curiosa competencia deportiva al interior de la Escuela Militar y con la participación de su director y subdirector, el hijo de Krassnoff rinde homenaje a su padre, desatando los aplausos de los asistentes.
Es inevitable vincular el homenaje en la Escuela Militar con la carta donde el ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) exige al Ejército presionar al poder civil para lograr su liberación y la de los demás reos del penal de Punta Peuco. La institución castrense no rechazó en su momento y públicamente esta misiva y a través del silencio parece compartir un texto que reivindica el actuar de los militares bajo la lógica de la guerra contrainsurgente, declarada por la dictadura en contra de la izquierda y los movimientos sociales.
Lo anterior explica por qué Krassnoff y otros criminales parecidos, no se consideren violadores de los derechos humanos, sino soldados que combatieron en una guerra lícita y en la cual arriesgaron la vida e incluso recibieron condecoraciones y ascensos. En su alegato, el criminal intenta homologar una guerra sórdida, librada sobre cuerpos atormentados de prisioneros inermes, hombres, mujeres, embarazadas y menores, con un conflicto convencional. Y al soldado que secuestra y tortura opositores lo asemeja a un combatiente que enfrenta al enemigo en una guerra de trincheras.
La delirante misiva del ex agente de la DINA, llega al extremo de pedir al actual comandante en jefe del Ejército, lo considere un militar al que “su ejército lo ha abandonado tras las líneas enemigas para que éste descargue sus ansias de venganza por la derrota sufrida en el campo de combate”. Al tenor de lo ocurrido en la Escuela Militar surge la duda sobre cuantos militares en servicio activo piensan parecido a este ‘soldado’ y consideran legítima su ‘guerra’ librada no en épicos campos de batalla, sino en cuarteles clandestinos, donde el fusil y bayoneta de desfile se trocó en una picana eléctrica. No pocos se están preguntando si en la casta militar chilena hay nuevas generaciones formadas en una doctrina militar distinta a la del criminal recluso en Punta Peuco.
Si la respuesta es negativa, el Estado chileno post dictadura estaría fallando no solo en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación al daño causado por las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. También estaría incumpliendo su responsabilidad en la creación de condiciones para la no repetición de estos crímenes, una de las cuales es la formación que se imparte en los institutos militares y policiales en relación al respeto a los derechos humanos.
