La transmisión vía redes sociales del procesamiento del policía Sebastián Zamora, por el delito de homicidio frustrado en contra del menor de iniciales AA, el pasado viernes 2 de octubre, repuso el debate en torno a una reforma profunda al cuerpo de Carabineros o su eventual refundación, como piden algunos sectores. Esta postura se enfrenta con la oposición no solo de algunos uniformados, que amenazan con una huelga de brazos caídos, sino también de civiles que ven en una policía violenta y abusiva la principal barrera de contención del descontento popular. Son estos civiles los principales instigadores de la huelga policial.
En la formalización, la fiscal Ximena Chong logró determinar que el policía Zamora corrió hacia el manifestante y lo impactó a gran velocidad, proyectándolo por sobre la baranda del puente Pío Nono. Pero además dejó en evidencia que no se brindó auxilio al adolescente y que luego tanto Zamora como otros suboficiales y oficiales de la policía entregaron información falsa a la Fiscalía, con el propósito de entorpecer la investigación.
La evidencia en contra de Carabineros y a pesar del respaldo que le brinda el gobierno, no facilitará esta vez sortear la demanda por iniciar un proceso de reforma a la policía y de establecer algún mecanismo de control civil más férreo sobre la institución, el que incluso podría llegar a la intervención como sugieren algunos expertos. Ha quedado claro que ya no se trata solo de “modernizar” a la institución o de dotarla de nuevos protocolos para el uso de elementos disuasivos. Carabineros y en especial sus tropas antidisturbios se han convertido en especialistas en convertir los protocolos en letra muerta
Las autoridades deberán considerar que un ejército de soldados policías que actúa al margen de protocolos y leyes no es funcional a un orden democrático y de respeto a los derechos humanos y que no hacer nada, dejando las cosas como están por temor a una huelga, acentuará la descomposición de la institución.
