Fenómenos como el cambio generacional o la preocupante tendencia entre los jóvenes a desvalorizar la democracia, fueron algunos de los temas abordados en el conversatorio “Políticas de Derechos Humanos, sitios y memoria en Chile” organizado en conjunto por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. El evento, efectuado el pasado 10 de septiembre, concitó la participación de las (os) académicas Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales; Isabel Piper académica de la Universidad de Chile; Elías Padilla, académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y Omar Sagredo, encargado del Archivo Oral del sitio de memoria.

En su intervención, Omar Sagredo señaló que “los sitios tienen valor pedagógico, valor reparatorio impulsado el nunca más, valor como colaboradores de la justicia y valor patrimonial. Pero además son agentes políticos en lo interno, en los cuales se verifican debates sobre su quehacer, formas de organización y vocerías, y hacia el exterior, en su relación con el Estado, con la sociedad civil y con el territorio y las comunidades en las cuales está inserto”. En este ámbito una preocupación importante es impulsar la  construcción de una política pública y de una ley que especifica que norme la relación con el Estado y asegure la continuidad de estos espacios.

En la relación entre las iniciativas de memoria y los sitios con el Estado, Sagredo distingue una primera etapa en que las iniciativas sobre sitios de memoria surgen desde la sociedad civil y enfrentan una política reactiva por parte del Estado que se ve obligado ante las demostraciones de fuerza política de los grupos movilizados. En la segunda etapa converge la movilización social con una política pública más positiva, en donde se amplía la concepción de lo patrimonial abarcando no solo sitios de memoria sino también archivos.

Sagredo afirmó que en la primera etapa, pese a las recomendaciones del informe Rettig, se hizo poco, destacando la recuperación de Villa Grimaldi, y el reconocimiento de los Hornos de Lonquén como monumento nacional en 1996, sumando doce lugares en total. Todos avances que responden a la política reactiva frente a una demanda ciudadana, donde el ente estatal aplica la ley de monumentos nacionales, a pesar que esta legislación no contempla ningún capítulo asociado a los espacios vinculados a crímenes de responsabilidad del Estado.

En la segunda etapa, convergen otros factores positivos como los derivados del informe Valech donde -a diferencia del informe Rettig-, hay una recomendación directa a recuperar sitios y convertirlos en espacios de memoria. Otro factor positivo ocurrió en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando se decreta financiamiento estable para algunos recintos. Esta tendencia retrocede en el primer gobierno de Sebastián Piñera, durante el cual ningún sitio es reconocido como monumento histórico y además hay un fuerte cuestionamiento al financiamiento estatal que perciben algunos, como Villa Grimaldi, por ejemplo.

Posteriormente, el programa del segundo gobierno de Bachelet establece un plan de recuperación de sitios que no se implementó, y a partir de 2015 tenemos lo que se llamó Encuentros de Patrimonio y memoria  propiciados por el Consejo de Monumentos Nacionales que impulsan una metodología participativa, donde se discute sobre los sitios en diálogo entre el Consejo y las comunidades que luchan por recuperar los espacios dando por resultado la declaratoria de treinta espacios, entre sitios, archivos, sedes de organismos de defensa de los derechos humanos como el FASIC y otros inmuebles. Entre estos hay más diversidad regional, reconociendo sitios donde se ejerció la violencia rural y lugares que todavía están en manos de las Fuerzas Armadas.

“La tercera y actual etapa tiene características paradojales”, afirmó Sagredo. Por un parte se propone una nueva legislación sobre monumentos nacionales, donde se incorpora la categoría de sitio de memoria pero no se contempla financiamiento estable. Se observa un agotamiento del modelo reactivo de la primera etapa, es decir donde el Estado reaccionaba a la presión social y nominaba sitios como monumento histórico garantizando al menos su conservación. Pero además hay dos casos que marcan una tendencia preocupante, donde las políticas de protección patrimonial podrían ceder ante presiones económicas de empresas inmobiliarias o de carácter político, como son la Villa San Luis de Las Condes y Neltume en el sur, donde la UDI trata de revertir la declaratoria de monumento histórico de algunos hitos relacionados con el intento de establecer un foco guerrillero por parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 

Por su parte, la sociedad civil propone como política pública una ley de sitios que busca  preservar los espacios, garantizar su independencia y autonomía, que cuenten con financiamiento estable. También se busca incorporar al currículo obligatorio de la educación formal las visitas de estudiantes a estos lugares  y la apertura de los archivos como el de la Comisión Valech, lo cual no está contemplado en el proyecto enviado por el gobierno. Este cual solo reconoce la categoría de sitio de memoria y establece un procedimiento de nominación que involucra a los ministerios de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el de Justicia y Derechos Humanos.

Para Sagredo los desafíos que contempla la actual etapa no se reducen a luchar por una legislación adecuada a los sitios. También deben enfrentar el cambio generacional, debiendo adecuar sus relatos a generaciones que no solo no vivieron la experiencia de la Unidad Popular, sino que nacieron con la transición; deben abordar la desvalorización de la democracia entre sectores significativos de jóvenes e incluso enfrentar ataques políticos directos, algo que se pensaba superado. Otro ámbito de preocupaciones surgen desde lo interno, con divisiones o controversias sobre cómo organizarse, qué decir y cómo relacionarse con el Estado; la necesidad de contar con equipos de trabajo estables; de enfrentar el fallecimiento de los sobrevivientes y abordar la transmisión de la memoria hacia sectores que incluso pueden tener posiciones políticas diferentes, asumiendo el tema de los perpetradores. En definitiva, finaliza Sagredo, enfrentar el desafío de transitar desde ser sitio de memoria a un sitio de conciencia donde se pueda debatir y rebatir las historias oficiales.