La Red de Sitios de Memoria sostuvo su primera reunión con la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el pasado martes 10 de julio, en la cual se intercambiaron opiniones sobre diversas materias de interés en el campo de la memoria, la justicia y la reparación. La entidad, que coordina a cuarenta y cinco sitios de memoria a lo largo de Chile, estuvo representada por los coordinadores (as) Alberto Rodríguez, Romina Ampuero y Sady Arenas. En la cita participó además Soledad Silva, encargada de la Unidad Programa de Derechos Humanos, dependiente de la subsecretaría.

En la audiencia la Red de Sitios de Memoria planteó inquietudes respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, especialmente en lo referido a la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura y el patrimonio asociado como son los sitios de memoria y los memoriales.

Respecto a los sitios de memoria la Red planteó a la situación de un número significativo de ellos, que a pesar de haber sido declarados monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales, no pueden ser visitados libremente o realizar actos conmemorativos por encontrarse bajo control de unidades de las Fuerzas Armadas, de las policías o de privados. Entre los primeros se encuentran sitios como Rocas de Santo Domingo, el cuartel Silva Palma o Cerro Chena, entre los segundos el ex cuartel Borgoño en Santiago, La Providencia en Antofagasta, mientras que lugares como la Venda Sexy o Lonquén se mantienen en manos privadas o de instituciones estatales como el Servicio Nacional de Menores (SENAME), que mantiene una cárcel para menores en las instalaciones del ex campo de concentración de 3 y 4 Álamos.

Por otra parte los sitios de memoria recuperados y operando como tales, plantean desafíos de financiamiento y de preservación en el tiempo, lo que exige, según la Red, un trabajo más urgente con la subsecretaría y de carácter vinculante, cuya principal tarea sea la de establecer una legislación específica para estos espacios.

Los representantes de sitios de memoria plantearon también su preocupación por la situación de la Unidad de Búsqueda que depende del Programa de Derechos Humanos, que tiene como misión encontrar los restos de numerosos detenidos desaparecidos y/o determinar el destino final de estos. Para los sitios esta tarea se ha vuelto urgente, considerando la avanzada edad de los familiares y el hecho que están falleciendo sin conocer el destino de sus seres queridos. También están muriendo los victimarios llevándose consigo valiosa información.

Por su parte la subsecretaria Lorena Recabarren manifestó su compromiso de llevar adelante el Plan Nacional de Derechos Humanos, con correcciones de metas e indicadores o mejor precisión de las dependencias del Estado encargadas de llevar a cabo las acciones propuestas en el documento. También la autoridad manifestó su preocupación por el tema de la búsqueda y destino final, mencionando la entrega de fondos al Servicio Médico Legal para financiar la identificación por ADN de restos de detenidos desaparecidos que no se conoce su identidad.

En cuanto a los sitios a los cuales el público no puede acceder, a pesar de haber sido declarados monumentos históricos, la subsecretaria Recabarren admitió que es un tema complejo de resolver, informando de gestiones con la subsecretaría de Defensa en este sentido.

La autoridad se manifestó interesada en las elaboraciones de la Red respecto a una ley de sitios de memoria. En el capítulo sobre dictadura y memoria del Plan Nacional de Derechos Humanos, está planteada como una de las metas “preservar la memoria histórica en materia de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, velando por el resguardo del patrimonio histórico en esta materia, y por la articulación de las instituciones públicas dedicadas al rescate, conservación y difusión de dicho patrimonio”.

Esto constituye un imperativo para el Estado, pero también un desafío para la organización de los sitios, de consensuar un proyecto de legislación que se pueda trabajar con la contraparte estatal de manera de consolidar estos espacios que realizan un aporte valioso en la consolidación democrática, la construcción de las condiciones para la no repetición de los crímenes de lesa humanidad y la educación en derechos humanos a las nuevas generaciones.